Durante su participación en el programa Frente a Frente de hoy, el cual ha abordado que el Fondo Monetario Internacional ha eliminado de las metas estructurales del acuerdo Stand By con Honduras la ley de justicia tributaria, Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), señaló que muchas de las exoneraciones fiscales que han generado polémica no benefician directamente a las empresas, sino que se aplican a productos básicos, organizaciones no gubernamentales y misiones internacionales. Según Herrera, el 56% de estas exoneraciones corresponde a la canasta básica, mientras que otros incentivos apoyan sectores estratégicos como el cafetalero, que aunque representa una porción mínima del Régimen de Importación Temporal, genera miles de empleos y un alto retorno económico por cada lempira invertida en incentivos.
El directivo aclaró que las empresas reciben incentivos específicos, no exoneraciones generales, y aunque reconoció que ha habido abusos en algunos casos, enfatizó que la ley actual no garantiza una depuración real del sistema, y que el Estado siempre ha contado con herramientas legales para revisar los regímenes fiscales, pero no se han aplicado por falta de voluntad política.
Freno de la inversión y del crecimiento económico
En cuanto a la Ley de Justicia Tributaria, Herrera advirtió que imponer la normativa sin consenso genera inseguridad jurídica, frena la inversión y bloquea iniciativas prioritarias, como la Ley de Beneficiario Final, clave para evitar que Honduras quede en listas grises internacionales. Por ello, instó al Gobierno a buscar acuerdos donde haya consenso y abrir un diálogo técnico y respetuoso sobre la reforma tributaria.
Herrera también desmintió las críticas sobre el aporte del sector privado a los tributos, recordando que casi el 80% de los impuestos nacionales y municipales proviene de las empresas, incluyendo los aportes al seguro social, y citó casos de compañías y bancos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales sin recibir exoneraciones especiales.
Sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Herrera explicó que la Ley de Justicia Tributaria no forma parte de las metas estructurales del acuerdo Stand By, y advirtió que no se deben condicionar otras leyes urgentes a la aprobación de esta normativa. Señaló que organismos internacionales han sido claros sobre la prioridad de medidas como la Ley de Beneficiario Final, necesarias para garantizar transparencia y proteger al país de sanciones internacionales.
Finalmente, Herrera reiteró que el sector privado está dispuesto a colaborar en una reforma tributaria, pero pidió actuar con responsabilidad política y apertura al diálogo. En un contexto electoral, advirtió que la polarización puede afectar la economía, retrasar la inversión y frenar el crecimiento. Su propuesta es avanzar primero con leyes que cuenten con consenso y abrir mesas de discusión para revisar de manera seria el sistema tributario hondureño.