La mañana del jueves 21 de mayo comenzó como cualquier otra en la finca Paso Aguán. Los jornaleros llegaron al trabajo antes del amanecer, como acostumbran los que cortan palma africana en el Bajo Aguán. Llegaron a pie, en grupos, algunos con su machete al hombro. No sabían que no regresarían.
Lo que ocurrió después en esa finca ubicada en la aldea de Rigores, municipio de Tocoa, departamento de Colón, sacudió a Honduras entera: 20 personas fueron asesinadas a tiros en lo que se convirtió en una de las masacres más cruentas registradas en el país en los últimos años. Entre las víctimas había mujeres y menores de edad.
La finca, el conflicto y la historia que lo explica todo
El Aguán no es un lugar cualquiera. Es una de las zonas más tensas de Centroamérica, escenario desde hace décadas de un conflicto agrario sin resolver entre campesinos organizados y empresas agroindustriales que explotan el cultivo de palma africana. Ese conflicto ha dejado un rastro de sangre que ningún gobierno ha logrado cortar.
Organizaciones campesinas de la región llevan años documentando los asesinatos selectivos, las amenazas y los desplazamientos forzados que sufren las familias que reclaman acceso a la tierra. Lo que ocurrió el 21 de mayo no fue un episodio aislado: fue la culminación de una ola de violencia que, según esas mismas organizaciones, lleva activa desde mayo de 2025, protagonizada por dos estructuras armadas que operan en la zona.
Una de ellas es el llamado Grupo del 8, conducido por Harold Mejía. La otra es la banda de «Los Canechos», dirigida por Nelson Castellanos, alias ‘El Canecho’. Ambas estructuras han perseguido sistemáticamente a campesinos de aldeas como Panamá, en Colón, generando un clima de terror que los pobladores describen como permanente.
El silencio que llegó después
Cuando los cuerpos fueron encontrados, el miedo se instaló en Rigores con una fuerza que impidió hablar. Los vecinos cerraron puertas. Los que tenían algo que decir lo dijeron en voz baja, sin dar su nombre, mirando hacia los lados. Decenas de muertos en treinta años de conflicto habían enseñado a esta comunidad que hablar tiene un precio.
Un campesino que perdió familiares en la masacre lo resumió sin adornos: aquí también callan porque temen que los próximos muertos sean ellos. No es cobardía. Es una aritmética aprendida a fuerza de entierros.
Las pocas personas que aceptaron dar su testimonio lo hicieron con la misma constante: desconfianza hacia el Estado, hacia la Policía Nacional y hacia las Fuerzas Armadas. Varios jornaleros señalaron que en la zona circulaba la versión de que algunos de los atacantes vestían uniformes policiales. Las autoridades lo negaron. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada en una comunidad que tiene razones históricas para dudar.
El Estado llegó tarde
La respuesta institucional confirmó los peores temores de los pobladores. Un pequeño grupo de policías, entre ellos un alto oficial llegado desde Tegucigalpa, se presentó en Rigores más de doce horas después de ocurrida la masacre.Llegaron sin saber dónde estaban siendo velados los cuerpos. Llegaron cuando la escena ya había enfriado, cuando los testigos ya habían aprendido a callar una vez más.
La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán reaccionaron con una declaración que no dejó espacio a la ambigüedad: calificaron lo ocurrido como un crimen de lesa humanidad y exigieron que la investigación fuera conducida por personal externo a la zona, con veeduría internacional. Sabían, por experiencia, que una investigación manejada desde adentro no llega a ningún lado.
Ambas organizaciones señalaron que llevan años denunciando ante autoridades nacionales y organismos internacionales los vínculos entre los grupos armados de la región, fuerzas de seguridad, operadores de justicia y empresas agroindustriales. Nadie les había respondido con hechos concretos. La masacre del 21 de mayo fue, en ese sentido, la respuesta que recibieron.
La promesa presidencial y el escepticismo del Aguán
El presidente Nasry Asfura reaccionó públicamente tras conocerse la noticia. Prometió que los responsables serían encontrados y condenados, que su administración enfrentaría ese flagelo sin temor y con fuerza. Son las palabras que los hondureños han escuchado después de cada masacre, en cada gobierno.
En Rigores, esas palabras no encontraron eco. Ninguno de los campesinos que accedió a hablar dijo creerle al presidente. Uno de ellos lo dijo sin rodeos: nadie había llegado a investigar, y sin investigación, la promesa de cero impunidad no es más que una declaración.
La desconfianza no es capricho. Es el sedimento de décadas en las que los muertos del Aguán se han ido acumulando sin que nadie responda por ellos. El 21 de mayo sumó veinte nombres más a esa lista. Los entierros se hicieron en silencio, con el miedo rondando entre los dolientes, en una región que lleva treinta años aprendiendo que gritar también puede costar la vida.