La creciente preocupación por el fraude electoral en Honduras ha tomado un nuevo giro ante la prolongación del estado de excepción, vigente desde hace meses bajo la gestión del partido Libre. Diversos juristas alertan que esta medida se ha convertido en un mecanismo para limitar derechos fundamentales y controlar la participación ciudadana durante el proceso electoral, afectando la transparencia de las elecciones.
Este martes 18 de noviembre, un grupo de abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Los profesionales señalaron que la medida representa una suspensión indebida de garantías constitucionales, que incluye restricciones a la libre locomoción, reunión y manifestación, así como la intervención directa de las fuerzas de seguridad en la vida cotidiana de los ciudadanos. Fernando González, uno de los letrados que interpuso el recurso, calificó la situación de atropello a la Constitución, alertando que la excepción se ha convertido en una práctica regular en vez de un instrumento extraordinario.
El recurso expone que la vigésima quinta prórroga del estado de excepción pone en riesgo la libertad electoral, pues permite que la Policía Nacional y el Ejército actúen con amplias facultades, lo que podría afectar la cadena de custodia de documentos y la tranquilidad de la ciudadanía durante las elecciones del próximo 30 de noviembre. Los abogados destacaron que esta situación genera un clima de temor y control, contrario a los principios democráticos.
Otras informaciones sobre el estado de excepción confirman que la medida se ha extendido de manera sucesiva desde 2023, afectando progresivamente derechos básicos y limitando la capacidad de los órganos electorales para operar con autonomía. Expertos en derecho y representantes de la sociedad civil han insistido en que estas acciones favorecen a Libre, al concentrar el poder en manos del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, debilitando la supervisión independiente y la participación ciudadana efectiva.
El recurso presentado este 18 de noviembre se enmarca dentro de un contexto de creciente alarma por la instrumentalización del Estado de excepción, con repercusiones directas en la legitimidad del proceso electoral. La acción de los abogados refleja la necesidad de garantizar elecciones transparentes, la protección de derechos fundamentales y el respeto a la Constitución frente a prácticas que han erosionado la confianza pública en las instituciones democráticas.