En el último mes, los juegos mecánicos en ferias de Honduras han dejado de ser sinónimo de diversión para convertirse en escenarios de preocupación y tragedia. Tres incidentes graves han sacudido a la opinión pública y han puesto en evidencia la falta de controles y regulación sobre estas atracciones, que operan con escasa supervisión y, en algunos casos, en condiciones francamente peligrosas.
El caso más reciente ocurrió en Danlí, El Paraíso, durante el Festival del Maíz. Una mujer de 57 años, Eva María Cáceres, salió proyectada de un juego mecánico porque el asiento que ocupaba no tenía seguro. El impacto la lanzó contra un rótulo cercano, provocándole múltiples lesiones que obligaron a trasladarla de emergencia al Hospital Escuela en Tegucigalpa. Testigos aseguraron que la atracción operaba sin revisiones previas y que nadie verificaba los mecanismos de seguridad antes de iniciar el recorrido.
Apenas una semana antes, en Santa Rosa de Copán, una joven identificada como Nelsy Melissa Fúnez López cayó desde lo alto de la llamada “rueda de Chicago”. El accidente le dejó fracturas en la columna, cráneo y costillas, y la mantiene hospitalizada con un pronóstico reservado. Su familia ha denunciado que los organizadores de la feria no han cumplido con el compromiso de ayudar en los gastos médicos, que ascienden a cientos de miles de lempiras.
Estos casos reavivaron el recuerdo de una tragedia similar ocurrida en Chinda, Santa Bárbara, en 2022, cuando una niña de 13 años murió tras caer de un juego conocido como “martillo”. La investigación de los Bomberos en aquel entonces reveló que el equipo funcionaba con piezas quebradas, sin sistemas de seguridad adecuados y sin permisos de operación. Aunque ese caso generó indignación nacional, la historia parece repetirse, lo que demuestra que poco o nada se ha hecho para corregir las fallas.
La constante en todos estos sucesos es la misma: atracciones que operan sin inspecciones técnicas serias, con mecanismos deficientes o inexistentes, y con una cadena de responsabilidades que nunca queda clara. Ni las alcaldías ni los organizadores de las ferias asumen con firmeza la obligación de garantizar que cada aparato cumpla con normas mínimas de seguridad, y las instituciones que deberían supervisar, como Gobernación o el propio Cuerpo de Bomberos, actúan de manera tardía y reactiva, solo después de que ocurre una tragedia.
El resultado es un patrón de negligencia que pone en riesgo a cientos de familias que acuden con ilusión a las ferias patronales. La diversión de un momento puede convertirse en una pesadilla con consecuencias irreversibles, mientras la impunidad sigue protegiendo a los responsables.