La Comisión Tripartita del Salario Mínimo cerró esta semana un acuerdo que pone fin a más de cuatro meses de negociaciones estancadas. El reajuste regirá durante dos años, con aplicación retroactiva al 1 de enero de 2026 y plazo hasta el 31 de julio para cancelar la diferencia acumulada de los primeros cuatro meses del año.
Un acuerdo diferenciado por tamaño de empresa
Para 2026, el incremento es del 6% para empresas de 1 a 50 trabajadores y del 7% para las que emplean a 51 o más. Para 2027, el rango oscilará entre 6% y 7.5% bajo el mismo criterio. En términos concretos, el aumento representará entre 659 y 1,447 lempiras mensuales según el sector y el tamaño del empleador.
La diferenciación no es un detalle menor: reconoce formalmente que una microempresa no puede asumir el mismo impacto que una empresa mediana o grande. Es una concesión técnica al sector privado que, a cambio, aceptó la retroactividad y la vigencia plurianual del acuerdo.
Lo que dijo cada sector
El ministro de Trabajo, Fernando Puerto, calificó el resultado como una demostración de la capacidad de diálogo entre los sectores. «Han puesto primero a Honduras y le han apostado al diálogo», indicó el funcionario.
El representante patronal Fernando García Merino destacó que el acuerdo se logró priorizando la estabilidad social, pero inmediatamente fijó la siguiente agenda: señaló que ahora corresponde desarrollar un programa que genere empleo para los cuatro millones de hondureños que no tienen trabajo formal y que permita al país ser competitivo y productivo. Es decir, el empresariado firmó el acuerdo con la vista puesta en la siguiente negociación.
El COHEP, por su parte, respaldó la fijación plurianual por generar certeza presupuestaria para las empresas y reiteró su posición de que los futuros ajustes salariales deben definirse con base en indicadores técnicos de costo de vida y productividad. La postura del COHEP apunta a institucionalizar un mecanismo que reduzca el margen de presión política en futuras negociaciones, lo que conviene al sector privado pero podría limitar la capacidad de ajuste de los trabajadores en contextos de inflación alta.
La cláusula de salvaguarda, el punto técnico más relevante
Más allá de los porcentajes, el elemento más significativo del acuerdo en términos estructurales es la inclusión de una cláusula de salvaguarda: si el índice de inflación interanual registrado en diciembre de 2026 por el Banco Central supera el porcentaje de aumento fijado para 2027, se aplicará automáticamente un ajuste igual al nivel de inflación reportado.
Es una disposición inusual en la historia de las negociaciones salariales hondureñas, y reconoce implícitamente que el acuerdo plurianual conlleva un riesgo real de erosión del poder adquisitivo. La cláusula protege a los trabajadores de ese escenario, pero también revela que ninguna de las partes está dispuesta a garantizar el valor real del salario más allá de un año.
La retroactividad, un costo inmediato para las empresas
El aspecto más sensible para el sector empleador es el pago retroactivo. Algunas empresas podrán asumirlo de forma automática, mientras que otras lo harán de manera prorrateada según su capacidad financiera. Eso significa que el impacto en la nómina no será uniforme ni inmediato, pero es inevitable: los empleadores deberán reconocer cuatro meses de diferencia salarial antes de que concluya julio.
Para los trabajadores, la retroactividad es el elemento más valioso del acuerdo. Sin ella, un ajuste tardío equivale en la práctica a una reducción real del ingreso durante los meses no compensados.
El número que relativiza el acuerdo
El acuerdo se cerró con el IPC de cierre de 2025 en 4.98% como referencia central. Que el aumento aprobado supere ese umbral garantiza, en términos formales, una ganancia marginal de poder adquisitivo. Pero el dato que el acuerdo no resuelve es que el costo de la canasta básica supera los 16,000 lempiras mensuales, por encima de la mayoría de los salarios mínimos vigentes en 2026, incluso después del ajuste. El aumento mejora la posición relativa de los trabajadores, pero no cierra la brecha con el costo real de vida.
Un acuerdo que también es señal política
El gobierno Asfura tenía interés particular en que el acuerdo no cayera en sus manos: la ley prevé que si los participantes no llegan a consenso, la decisión recae en el Ejecutivo, un escenario que el sector obrero rechazaba abiertamente y que habría politizado todo el proceso. Que el acuerdo se haya cerrado por la vía tripartita preserva la legitimidad del mecanismo y evita que el gobierno asuma el costo político de un número impopular para cualquiera de las partes.
Lo que sigue
La SETRASS publicará en los próximos días el acuerdo ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta, con las tablas detalladas por actividad económica. La fiscalización será clave: el incumplimiento del acuerdo no afecta solo al salario base, sino a toda la cadena de derechos laborales derivados, incluyendo prestaciones y cotizaciones al IHSS. La Secretaría de Trabajo anunció inspecciones para verificar el cumplimiento por parte de los empleadores.
