El análisis técnico forense de voz realizado por nuestro equipo confirma que los audios atribuidos a la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, son productos sintéticos generados mediante inteligencia artificial. Para demostrarlo, se aplicó una metodología de verificación exhaustiva basada en tecnología forense y clasificadores de IA reconocidos internacionalmente.
Primero se aislaron fragmentos de los audios difundidos públicamente, priorizando los cortes con menor interferencia ambiental y mejor resolución digital. Estos segmentos fueron sometidos a un examen detallado de cadencia, frecuencia tonal, dinámica del habla y microvariaciones en la resonancia de formantes vocales, parámetros que los sistemas de detección emplean para distinguir voces humanas reales de voces sintéticas generadas por IA.
Se utilizaron dos herramientas especializadas: AI Speech Classifier y Hiya Voice Integrity, ambas diseñadas para evaluar la autenticidad de grabaciones de voz.
AI Speech Classifier, desarrollada por un consorcio de laboratorios europeos, combina análisis espectral profundo con redes neuronales que comparan patrones fonéticos naturales frente a modelos generativos de texto a voz. Hiya, por su parte, aplica aprendizaje multimodal y verificación cruzada entre patrones de respiración y sincronización de fonemas, ofreciendo un índice de confianza entre 0 y 100 sobre la probabilidad de que una grabación sea genuina.
Los resultados fueron contundentes. En AI Speech Classifier, los cortes analizados obtuvieron un 100% de probabilidad de falsedad, mientras que Hiya reportó apenas 14 puntos sobre 100 de autenticidad. Ambos sistemas coincidieron en que se trata de un deepfake elaborado con técnicas avanzadas de clonación vocal, posiblemente entrenadas con muestras previas de voz pública de la consejera.
Este hallazgo reabre el debate sobre el uso de inteligencia artificial en política. La manipulación de voces y rostros mediante deepfakes políticos no solo distorsiona la información, también erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas. La tecnología aplicada sin ética deja de ser una herramienta de transparencia y se convierte en un arma de desinformación capaz de alterar percepciones, reputaciones y procesos electorales completos, además de buscar consecuencias penales para hechos que nunca ocurrieron.