La comisión especial del Congreso Nacional que dictamina la Ley de Empleo a Tiempo Parcial confirmó que el proyecto podría quedar listo para su aprobación en el pleno antes del 29 de marzo, cuando inicia la Semana Santa, con lo que Honduras daría un giro estructural a su marco laboral cuatro años después de que la administración Castro derogara la anterior Ley de Empleo por Hora.
Un proceso legislativo con ritmo sostenido
La iniciativa fue presentada formalmente en la primera sesión del nuevo período legislativo 2026-2029 por el diputado Jorge Cálix, quien la impulsó como herramienta para dinamizar el empleo juvenil y fortalecer sectores como la maquila en la zona norte del país. Desde entonces, la comisión especial ha sostenido múltiples jornadas de socialización con representantes de la empresa privada, las centrales obreras, la Secretaría de Finanzas (Sefin), la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Esta semana concluye la fase de consultas con el sector académico, el Colegio de Abogados y juristas especializados en materia laboral. El siguiente paso será recabar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, trámite que el diputado Emilio Alberto Cruz, presidente liberal de la comisión, prevé completar antes del 20 de marzo.
«La ley podría estar dictaminada antes del 20 de marzo», aseveró Cruz. La diputada Sara Zavala, también integrante de la comisión, coincidió en esa estimación.
Respaldo del Ejecutivo
El presidente Nasry Asfura ha respaldado públicamente el proyecto, enmarcándolo dentro de su agenda de reactivación económica. En declaraciones recientes, el dirigente señaló que «el proyecto de la Ley de Empleo Parcial va a ser analizado en el Congreso Nacional, junto con otros beneficios más, para darle la oportunidad al joven de que pueda estudiar y trabajar. Si no le damos esa oportunidad, o trabaja o estudia, y eso no es justo.»
Asfura también ha subrayado que su gobierno trabaja para modernizar los parques industriales, agilizar aduanas y puertos, y posicionar a Honduras como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera, en un paquete donde la flexibilización laboral constituye un elemento central.
¿Qué propone la ley y en qué se diferencia de la derogada?
La iniciativa plantea reformar el artículo 328 del Código de Trabajo, que actualmente fija la jornada ordinaria diurna en 44 horas semanales, para permitir contratos por tiempo indefinido bajo jornadas más cortas: un mínimo de ocho horas y un máximo de 32 horas semanales.
El diputado Cruz enfatizó las diferencias de fondo con la ley derogada en 2022. La nueva normativa aplica únicamente al sector privado, no al sector público; no es temporal sino permanente; incorpora a las mipymes como destinatarias principales; y elimina los recargos salariales que antes encarecían la figura. Además, bajo el esquema anterior los trabajadores no permanentes no podían afiliarse a sindicatos — restricción que desaparece con esta propuesta.
En materia de derechos, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial garantiza décimo tercer mes, décimo cuarto mes, vacaciones, bono educativo, protección de maternidad, cobertura frente a riesgos profesionales, protección contra el despido injustificado y acceso al IHSS. El principio rector en materia salarial es igual trabajo, igual pago por hora, con el salario mínimo como piso.
La Setrass recibiría además un mandato ampliado: identificar, calificar, autorizar, supervisar y sancionar a los sectores productivos que hagan uso de la ley, con énfasis en grupos prioritarios como jóvenes sin experiencia, estudiantes, mujeres y migrantes retornados. Sefin ha mostrado disposición a ampliar el presupuesto de la cartera laboral para cumplir esas funciones.
El peso económico del debate: 500,000 empleos en juego
Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, ha estimado que la aprobación de la ley podría reactivar entre 250,000 y 500,000 empleos, en un país donde la informalidad laboral y la migración irregular siguen siendo indicadores de alarma. En sus propias palabras, la medida busca formalizar a «muchas personas que no pueden trabajar en horario de ocho horas», incluyendo más de 900,000 jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan.
El sector turismo, que genera más de 260,000 empleos en Honduras, ve en la ley una herramienta inmediata. Nicole Marder, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canaturh), señaló que la aprobación antes de Semana Santa permitiría formalizar entre 20,000 y 30,000 contrataciones temporales durante una temporada que proyecta dos millones de movilizaciones. La representante del turismo subrayó que «este es el mejor momento para aprobar la ley.»
Las mipymes también esperan el decreto con urgencia. Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria (Anmpih), señaló que muchos pequeños empresarios han evitado contratar personal temporal por temor a sanciones, perdiendo así oportunidades de empleo.
La resistencia sindical: el debate pendiente
Las centrales obreras se han manifestado en contra del proyecto, temiendo que derive en la sustitución de contratos a tiempo completo por esquemas parciales que erosionen la antigüedad y la estabilidad laboral. Hasta la fecha, el sector obrero no ha entregado la contrapropuesta que había anunciado, según reportó el diputado Cruz.
El verdadero examen de la ley no será su aprobación, sino su fiscalización efectiva. Honduras ha creado antes marcos legales con buenas intenciones que sucumbieron ante la debilidad institucional del Estado para hacerlos cumplir. El nuevo departamento especializado que se prevé crear dentro de la Setrass será tan determinante como los artículos del decreto.