La noticia llegó hoy miércoles 25 de marzo con la fuerza inevitable de lo que ya todos esperaban: Rebeca Ráquel Obando presentó su renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia ante la Secretaría del Congreso Nacional. No renuncia a su magistratura, pues permanecerá en el Poder Judicial como parte de una sala especial, pero abandona el cargo que, desde 2023, convirtió en tribuna personal al servicio de un proyecto político que nunca fingió ser otra cosa.
El fallo de las ZEDE como epitafio político
En septiembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia que ella presidía declaró inconstitucionales las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Ráquel Obando publicó en sus redes sociales una imagen en la que celebraba abiertamente el fallo. «Hoy y en este mes de la patria», escribió, «celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional». Esa declaración, que hoy recircula en redes mientras se confirma su salida, resume con precisión lo que fue su presidencia: una magistratura que nunca ocultó su alineamiento con el proyecto político que la instaló en el cargo.
El problema no es la posición, es quien la expresa y desde dónde la expresa. La presidenta del más alto tribunal de la República no tiene mandato institucional para «celebrar» fallos como si fuera vocera del partido en el gobierno. Su función es garantizar el equilibrio entre poderes, no aplaudir el desmantelamiento de un marco jurídico en sintonía con la presidenta Xiomara Castro, quien ese mismo día calificó la decisión de «patriótica, histórica, justa y legal».
Una presidencia construida sobre filiaciones, no sobre méritos
Elegida en febrero de 2023 por el Congreso controlado por Libre, Ráquel Obando llegó al cargo con el peso político que implica ser parte del círculo cercano a la familia Castro-Zelaya. Su esposo es tío político de Zoé Zelaya, hija de la presidenta Xiomara Castro. No es un dato anecdótico: es el eje que explica su nombramiento, su posicionamiento público y, finalmente, las razones que precipitan su salida.
Durante su gestión, el Poder Judicial no recuperó independencia, la perdió. La Sala Constitucional la desautorizó públicamente en más de una ocasión. El Congreso Nacional aprobó en febrero de 2026 el decreto 10-2026, que le arrebató las facultades administrativas unilaterales que había acaparado, incluyendo el nombramiento, traslado y cancelación de jueces. El pleno de magistrados reaccionó conformando tres comisiones para absorber atribuciones que ella había concentrado de manera inconstitucional. El cuadro es inequívoco: una presidenta que acumuló poder para sí misma en una institución que, por diseño republicano, debe operar de forma colegiada.
La renuncia que no es derrota, sino reposicionamiento
Que Ráquel Obando no renuncie a su magistratura no es un detalle menor. Su traslado a una sala especial del Poder Judicial garantiza que seguirá dentro del sistema, con influencia y fuero, mientras otro perfil, posiblemente el magistrado Wagner Vallecillo, de afinidad liberal, asume la presidencia. En otras palabras: el proyecto político que la instaló en ese cargo no se retira; se reorganiza.
Eso convierte la renuncia en lo que en realidad es: un movimiento táctico dentro de un proceso de recomposición de poder en el Poder Judicial, no una rendición de cuentas ni un gesto de responsabilidad institucional.