El organismo anticorrupción presentó ante el Ministerio Público un informe que señala a exdirectores, exfuncionarios y empleados de la institución.
Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra al menos 15 exfuncionarios y empleados del Fondo Social para la Vivienda por presuntas irregularidades administrativas, financieras y penales.
Entre las personas mencionadas se encuentran los exdirectores Juan Ramón Cruz Carbajal y Gilberto Ríos Munguía, además de antiguos administradores y responsables de diferentes áreas institucionales.
La denuncia se fundamenta en el informe denominado “Tierra de nadie: Fosovi, un paraíso de la corrupción amparado en la mala gestión”, elaborado por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA.
De acuerdo con el documento, el Fosovi habría dejado de elaborar estados financieros y actualizar sus registros contables desde el primer trimestre de 2020, impidiendo conocer con precisión el manejo de los recursos asignados a la entidad.
La investigación señala egresos por más de 16.9 millones de lempiras registrados entre 2022 y 2025 que, según el CNA, no cuentan con documentación contable suficiente para comprobar su destino.
También se denunciaron retenciones salariales por más de 2.1 millones de lempiras destinadas al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, sin evidencia de que el dinero fuera transferido.
El informe agrega que el Fosovi mantiene una deuda superior a los 2.2 millones de lempiras con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, correspondiente a cotizaciones, multas y recargos acumulados.
Otros señalamientos incluyen supuestos pagos indebidos, contrataciones de personas que no cumplían los requisitos establecidos, una presunta venta duplicada de un inmueble y decisiones administrativas emitidas por funcionarios que no tendrían competencia legal para realizarlas.
Los hechos descritos corresponden a una denuncia del CNA y deberán ser investigados por el Ministerio Público. Las personas señaladas conservan su derecho de defensa y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.