El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) alertó que una proporción significativa del Presupuesto General de la República 2026 se concentrará en gasto corriente, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en proyectos productivos y en desarrollo social. Según sus estimaciones, alrededor del 60 % de los recursos presupuestarios se destinarán a salarios, deuda y transferencias, cifras que confirman la rigidez del gasto público en el país.
El Presupuesto 2026, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, asciende a L 469,249 millones. De este total, los salarios y sueldos del sector público absorben aproximadamente 25 %, el servicio de la deuda representa cerca del 18 %, y las transferencias y donaciones suman otro 17 %. Esta concentración de recursos en rubros fijos reduce la capacidad del Estado para destinar fondos a infraestructura, salud, educación y programas productivos, aspectos clave para estimular la economía hondureña.
El COHEP enfatizó que la tendencia creciente del gasto en deuda y remuneraciones limita la flexibilidad fiscal y genera riesgos si no se orienta correctamente hacia inversiones productivas. Los analistas coinciden en que mantener esta estructura presupuestaria podría obligar al país a recurrir a mayor endeudamiento, perpetuando un ciclo que compromete la sostenibilidad financiera del Estado.
Asimismo, el sector privado subraya que este modelo de gasto pone presión sobre los servicios públicos, mientras limita la capacidad del gobierno para atender necesidades prioritarias de la población. Los economistas advierten que si no se adoptan medidas que aumenten la eficiencia del gasto y prioricen inversión productiva, Honduras enfrentará un riesgo de estancamiento económico a mediano plazo.
El COHEP hace un llamado a las autoridades para que se promuevan políticas fiscales responsables, que busquen equilibrar el pago de obligaciones con la inversión en áreas estratégicas, evitando que la rigidez del presupuesto afecte la competitividad del país. Además, el organismo insta a transparentar la ejecución del gasto y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente para el desarrollo económico sostenible.