El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) emitió este jueves un comunicado en el que se pronuncia sobre la Tasa de Seguridad Poblacional y las acusaciones en contra del empresariado hondureño.
El organismo recordó que fue el Congreso Nacional de la República el que determinó la creación de la tasa e incorporó a un representante del sector privado en el Comité Técnico del Fideicomiso. En ese sentido, el COHEP aclaró que su función se limita a acreditar delegados en las instancias establecidas por ley y que estos deben actuar “con honorabilidad, responsabilidad y en el marco de las leyes”.
La institución se desligó de la gestión realizada por el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina, indicando que su actuación corresponde únicamente a su ámbito de responsabilidad personal: “En ningún caso, COHEP puede ser responsable de la conducta de este funcionario público, ya que no informó en detalle las acciones que realizaban en el Comité Técnico ni en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aún menos el supuesto proceder delictivo que la justicia le imputa”.
El comunicado también señala que el destino de los fondos recaudados bajo la tasa estuvo sujeto a la Ley de Secretos, por decisión de los tres poderes del Estado y el Tribunal Superior de Cuentas.
El COHEP manifestó su respaldo a las acciones judiciales emprendidas contra personas vinculadas en actos ilícitos y reiteró su posición contra la corrupción: “Siempre hemos expresado que se respeten las garantías del debido proceso y la aplicación del Estado Social de Inocencia a cualquier ciudadano investigado”.
La cúpula empresarial rechazó lo que considera una campaña de desprestigio impulsada desde autoridades políticas y funcionarios del país: “La continua calumnia se ha convertido en el proceder de algunos funcionarios públicos en contra del imprescindible sector productivo”.
Finalmente, el COHEP recordó que en sus 58 años de existencia ha mantenido una interlocución abierta con los poderes del Estado, y lamentó que su disposición al diálogo haya sido respondida “con descalificaciones y ataques desde organismos oficiales”.