El Congreso Nacional aprobó este jueves 19 de marzo, en tercer y último debate, un decreto que autoriza la contratación directa para la fabricación y suministro de placas vehiculares metálicas, poniendo fin a una crisis que se extiende desde mayo de 2023 y que ha dejado a cientos de miles de conductores circulando con permisos provisionales de papel.
Una mora acumulada por más de tres años
En mayo de 2026, el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad, cumplirá tres años de no entregar placas vehiculares que sirven para conocer los datos generales de la propiedad de un automotor en el país. La falta de placas afecta actualmente a más de 833,000 vehículos, lo que ha generado dificultades tanto para propietarios de automotores como para las autoridades encargadas de la seguridad y el control vehicular.
La respuesta legislativa tomó forma a principios de marzo, cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, junto a los diputados Gerlen Bonilla y Juan Carlos Lagos —todos del Partido Nacional— impulsaron la creación de una comisión especial para analizar el problema. La comisión se reunió con autoridades del Instituto de la Propiedad y con representantes encargados de la impresión de placas vehiculares, con el objetivo de analizar la escasez y presentar alternativas de solución. El resultado de ese proceso culminó esta semana con la aprobación del decreto en sus tres debates consecutivos.
Lo que autoriza el decreto
El decreto autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la Propiedad, a realizar contrataciones directas para el suministro de placas vehiculares. La normativa establece que las empresas proveedoras contratadas deberán ser fabricantes directos, sin intermediarios, para erradicar la mora existente. Además, el suministro debe ser continuo e ininterrumpido para asegurar la identificación de más de dos millones de automotores que integran el parque vehicular nacional.
La iniciativa también contempla la implementación de tecnología de control como lectores vehiculares y sistemas informáticos. El nuevo sistema incluirá tecnología adicional como radiofrecuencia y códigos QR, con el objetivo de facilitar la identificación de los vehículos y permitir acceder rápidamente a información digital mediante el escaneo de las placas.
«No es justo que la población sea castigada por una falla institucional»
La diputada Gerlen Bonilla, impulsora principal de la iniciativa, fue enfática al señalar la injusticia que ha representado esta crisis para la ciudadanía. Muchos conductores han sido sancionados pese a cumplir con el pago de su matrícula. «El Estado tiene la obligación de entregar las placas, no es justo que la población sea castigada por una falla institucional», expresó. La parlamentaria subrayó además que la responsabilidad por la transparencia del proceso de adquisición recae íntegramente sobre el Instituto de la Propiedad.
Seguridad pública: el argumento que completó el consenso
La diputada del Partido Nacional Merary Díaz, quien presentó inicialmente la propuesta de Ley de Medidas Excepcionales para la Atención en el Sistema de la Propiedad Vehicular y la Seguridad Nacional, ubicó el problema en una dimensión que trasciende lo administrativo. Contar con placas metálicas facilitará la identificación de vehículos y mejorará la integración con sistemas de videovigilancia como el 911, lo que contribuirá al combate de la criminalidad. Muchos hechos son captados por las cámaras de vigilancia, pero no se puede identificar a los responsables porque se movilizan en vehículos que no portan placas.
Próximos pasos: la sanción ejecutiva
Tras la aprobación en la Cámara Legislativa, se espera que el Ejecutivo sancione y publique el decreto en el diario oficial La Gaceta a la brevedad posible. Una vez vigente, el Instituto de la Propiedad tendrá la vía libre para ejecutar la compra y comenzar la distribución masiva de las placas metálicas, cerrando así el ciclo de las placas de papel, que según las parlamentarias sobrepasa 1.2 millones de unidades pendientes.
La aprobación del decreto representa un punto de inflexión en una crisis que la administración anterior nunca resolvió, y que el nuevo Congreso Nacional, de mayoría nacionalista, ha convertido en una de sus primeras prioridades legislativas: devolver al Estado su capacidad de identificación vehicular y a los ciudadanos un derecho que ya pagaron.