La noche del 31 de octubre, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, impuso por sorpresa una Comisión Permanente con mayoría del partido oficialista LIBRE, en un procedimiento realizado sin convocatoria del pleno y en abierta contradicción con la prórroga del período de sesiones que la oposición había aprobado días antes. El decreto fue publicado al día siguiente en La Gaceta mediante la resolución 001-2025-CP/CN, formalizando lo que juristas y analistas califican como una violación directa a los artículos 189 y 190 de la Constitución y una acción destinada a asegurar el control político del Legislativo en plena antesala de las elecciones.
La comisión operará desde el 1 de noviembre de 2025 hasta enero de 2026, un periodo en el que el Congreso debería estar funcionando dada la aprobación de la prórroga por 70 diputados. Sin embargo, la composición de esta estructura revela una intención claramente partidaria: siete de los nueve integrantes propietarios pertenecen o responden al oficialismo, dejando fuera a las principales fuerzas opositoras, lo que distorsiona la representatividad del Congreso Nacional.
El propio Luis Redondo, presidente del Congreso encabeza la comisión. Le acompaña Hugo Noé Pino, vicepresidente del Legislativo, y dirigente histórico de LIBRE. Luz Angélica Smith, diputada de Francisco Morazán, es una de las figuras más leales al bloque oficialista. Josué Fabricio Sandoval y Carlos Raudales, también de LIBRE, forman parte del círculo parlamentario que ha defendido la agenda del Ejecutivo en el Congreso.
La lista se completa con Juan Barahona, uno de los fundadores de LIBRE y aliado político de Manuel Zelaya; Karen Martínez, representante de Cortés vinculada al sector más radical del partido; y Silvia Ayala, exdiputada del Partido Unificación Democrática, hoy integrada plenamente al bloque oficialista. Solo Osman Chávez, del Partido Salvador de Honduras, aparece como voz minoritaria sin peso real frente a la alineación dominante.
Los suplentes designados —Kritza Pérez, Sherly Arriaga, Linda Donaire y Edgardo Casaña— pertenecen igualmente al oficialismo, consolidando una estructura monocolor que excluye a la oposición liberal y nacionalista.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, advirtió que el principio de legalidad está siendo desplazado por el interés partidario. En su mensaje en X, explicó que la recusación interpuesta por el consejero Ochoa contra su compañera del CNE es jurídicamente improcedente, porque la Ley Electoral no contempla esa figura entre miembros del mismo órgano colegiado. Subrayó que, conforme a los artículos 41 al 45 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Electoral, solo las partes de un proceso pueden presentar una recusación, no quienes integran el mismo cuerpo decisor. Para Solórzano, ese tipo de acciones constituyen un abuso de poder orientado a inhabilitar a una autoridad constitucionalmente nombrada, y son parte de un patrón más amplio de violaciones al principio de legalidad que incluye la reciente manipulación del Congreso.
La instalación de esta comisión no solo viola la Constitución, sino que destruye la esencia del pluralismo político en el Congreso. En un contexto electoral decisivo, el acto de Redondo confirma el deterioro del Estado de derecho y el avance de un modelo de concentración de poder que amenaza la democracia hondureña.