El Congreso Nacional aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal que endurece las sanciones contra la extorsión, tipifica a maras y pandillas como organizaciones terroristas y crea la Agencia Nacional contra el Crimen. El respaldo fue unánime entre los diputados, en lo que las autoridades describieron como un salto cualitativo en la estrategia legislativa frente al crimen organizado.
Extorsión: hasta cadena perpetua
El eje central del paquete recae sobre el delito de extorsión. Quienes obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar acciones bajo amenaza, intimidación o violencia enfrentarán penas de entre 15 y 20 años de prisión, acompañadas de sanciones económicas. Si la víctima fallece como consecuencia directa de la extorsión, la pena aplicable será la prisión a perpetuidad.
La reforma también cierra vacíos legales relevantes: el delito quedará consumado aunque el pago exigido no llegue a concretarse. Asimismo, serán considerados coautores quienes colaboren indirectamente con las estructuras criminales, incluyendo a quienes recojan dinero producto de extorsiones, faciliten cuentas bancarias, realicen transferencias electrónicas o administren bienes obtenidos de forma ilícita. Se eliminó además la posibilidad de aplicar procedimientos abreviados en casos vinculados a este delito, impidiendo reducciones de condena mediante acuerdos judiciales.
Maras y pandillas, ahora organizaciones terroristas
El Congreso reformó el artículo referido a asociación terrorista para incorporar formalmente a maras, pandillas y redes criminales transnacionales en esa categoría. La clasificación aplica cuando estas estructuras operen mediante violencia sistemática, intimidación colectiva, control territorial o vínculos con el narcotráfico.
Bajo la nueva normativa, los cabecillas, financistas y promotores de estas agrupaciones podrán enfrentar condenas de entre 15 y 20 años de cárcel, mientras que los integrantes recibirán penas de hasta 15 años. Las autoridades sostienen que esta modificación facilitará acciones conjuntas contra estructuras que han mantenido control en zonas urbanas y rurales del país.
Uso ilegal de uniformes militares y policiales
Las reformas endurecen también las sanciones contra quienes posean o utilicen sin autorización uniformes, insignias o equipos similares a los de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Las condenas irán de cuatro a seis años de prisión, con posibilidad de elevarse hasta diez años cuando esos implementos sean utilizados para facilitar delitos o encubrir actividades criminales. Las autoridades señalaron que múltiples estructuras delictivas han recurrido a vestimenta oficial para ejecutar secuestros y operaciones de intimidación.
Nueva Agencia Nacional contra el Crimen
Como parte de la estrategia integral, el Congreso aprobó la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, entidad con mandato de fortalecer la inteligencia, la investigación criminal y la coordinación operativa entre instituciones del Estado. La normativa ratifica también la continuidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ampliando su presencia en zonas de alta incidencia delictiva.
El paquete incluye además disposiciones sobre telecomunicaciones, con obligaciones más estrictas para empresas telefónicas y proveedores de internet en materia de identificación y registro de usuarios, así como sanciones por difusión de contenido íntimo sin consentimiento.