El Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una normativa largamente demandada por el sector empresarial y postergada durante años en el debate legislativo hondureño. La iniciativa, que modifica sustancialmente el marco laboral del país al regular una modalidad de trabajo que hasta ahora carecía de normas claras, fue respaldada por bancadas del Partido Liberal, el Partido Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU), lo que garantizó la mayoría necesaria para su aprobación en el pleno.
Un vacío legal que el mercado ya llenaba de manera informal
La aprobación de esta ley llega en un contexto de grave deterioro del empleo formal en Honduras. De acuerdo con cifras citadas por el diputado Alberto Cruz, presidente de la comisión especial que dictaminó la propuesta, aproximadamente 2 millones de hondureños se encuentran desempleados, y de los 4.3 millones que sí trabajan, el 78% lo hace sin contrato, sin estabilidad laboral y sin acceso a seguridad social. La economía informal, en otras palabras, ya absorbía la demanda de empleo flexible que la ley ahora viene a encuadrar jurídicamente.
La iniciativa fue presentada en enero de 2026 durante la primera sesión del período legislativo 2026-2029 por los diputados Jorge Cálix, del Partido Liberal, y Erick Alvarado, del Partido Nacional, quienes sostuvieron desde el inicio que la propuesta no vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores ni contradice las disposiciones del Código del Trabajo de 1959. Tras meses de socialización con sindicatos, gremios empresariales, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el texto fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para dictamen constitucional, que resultó favorable.
Qué establece la nueva ley
La normativa regula contratos de jornada reducida de hasta 32 horas semanales, con pago proporcional a las horas trabajadas. Los empleados bajo esta modalidad tendrán derecho a décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional, vacaciones, séptimo día y afiliación al IHSS, garantizando que el empleo a tiempo parcial no sea un mecanismo de exclusión de la protección social sino una vía de acceso formal para quienes hoy trabajan sin ninguna cobertura.
El diputado Cruz fue enfático en señalar que la ley no permitirá convertir contratos de jornada completa en contratos parciales: ningún empleador podrá sustituir una plaza de tiempo completo por una de tiempo parcial. Esa salvaguarda fue el eje central de las negociaciones con las centrales obreras, que habían manifestado resistencia a la iniciativa por temor a que se convirtiera en un instrumento de precarización laboral.
El sector privado anticipa un impacto inmediato
El COHEP estima que la nueva normativa podría generar más de 250,000 empleos directos en todo el país, con proyecciones que en algunos escenarios se elevan a 500,000 plazas si la implementación es efectiva. Sectores como la maquila, el turismo y las mipymes figuran entre los primeros beneficiarios. La presidenta de Canaturh, El Congreso Nacional aprobó este miércoles 25 de marzo la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, una normativa largamente demandada por el sector empresarial y postergada durante años en el debate legislativo hondureño. La iniciativa, que modifica sustancialmente el marco laboral del país al regular una modalidad de trabajo que hasta ahora carecía de normas claras, fue respaldada por bancadas del Partido Liberal, el Partido Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU), lo que garantizó la mayoría necesaria para su aprobación en el pleno.
Un vacío legal que el mercado ya llenaba de manera informal
La aprobación de esta ley llega en un contexto de grave deterioro del empleo formal en Honduras. De acuerdo con cifras citadas por el diputado Alberto Cruz, presidente de la comisión especial que dictaminó la propuesta, aproximadamente 2 millones de hondureños se encuentran desempleados, y de los 4.3 millones que sí trabajan, el 78% lo hace sin contrato, sin estabilidad laboral y sin acceso a seguridad social. La economía informal, en otras palabras, ya absorbía la demanda de empleo flexible que la ley ahora viene a encuadrar jurídicamente.
La iniciativa fue presentada en enero de 2026 durante la primera sesión del período legislativo 2026-2029 por los diputados Jorge Cálix, del Partido Liberal, y Erick Alvarado, del Partido Nacional, quienes sostuvieron desde el inicio que la propuesta no vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores ni contradice las disposiciones del Código del Trabajo de 1959. Tras meses de socialización con sindicatos, gremios empresariales, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el texto fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para dictamen constitucional, que resultó favorable.
Qué establece la nueva ley
La normativa regula contratos de jornada reducida de hasta 32 horas semanales, con pago proporcional a las horas trabajadas. Los empleados bajo esta modalidad tendrán derecho a décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional, vacaciones, séptimo día y afiliación al IHSS, garantizando que el empleo a tiempo parcial no sea un mecanismo de exclusión de la protección social sino una vía de acceso formal para quienes hoy trabajan sin ninguna cobertura.
El diputado Cruz fue enfático en señalar que la ley no permitirá convertir contratos de jornada completa en contratos parciales: ningún empleador podrá sustituir una plaza de tiempo completo por una de tiempo parcial. Esa salvaguarda fue el eje central de las negociaciones con las centrales obreras, que habían manifestado resistencia a la iniciativa por temor a que se convirtiera en un instrumento de precarización laboral.
El sector privado anticipa un impacto inmediato
El COHEP estima que la nueva normativa podría generar más de 250,000 empleos directos en todo el país, con proyecciones que en algunos escenarios se elevan a 500,000 plazas si la implementación es efectiva. Sectores como la maquila, el turismo y las mipymes figuran entre los primeros beneficiarios. Canaturh señaló que la temporada de Semana Santa, que inicia este domingo 29 de marzo, ya representa una oportunidad inmediata para contratar personal bajo la nueva modalidad.
Javier Pineda, presidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria (Anmpih), celebró la aprobación al señalar que durante años las mipymes han evitado contratar personal temporal por temor a sanciones, lo que ha generado una pérdida sistemática de oportunidades de trabajo. Solo en el departamento de Cortés, la industria maquiladora proyecta la creación de hasta 5,000 nuevas plazas de forma inmediata.
Voces en contra: el argumento de Libre
La aprobación no fue unánime. El diputado del partido Libre, Hugo Noé Pino, expresó rechazo a la iniciativa argumentando que debilita el sistema de previsión social y que no amplía los derechos laborales sino que los reduce. Desde esa bancada se sostiene que la ley abre la puerta a una transformación estructural que podría fomentar la precarización del empleo y erosionar conquistas históricas de la clase trabajadora.
Una deuda con el empleo que llega con años de retraso
La aprobación de esta ley cierra un debate que el sector empresarial calificó de «tres años de discusión sin resolución». La pregunta que queda abierta no es si la normativa era necesaria, los números del desempleo y la informalidad responden solos, sino si el aparato estatal tendrá la capacidad institucional de fiscalizar su cumplimiento. La Setrass anunció la creación de una unidad especializada de vigilancia, pero esa estructura aún no existe en la práctica.