El Congreso Nacional confirmó que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas del sustento legal de los juicios políticos que concluyeron con la destitución del entonces fiscal general, Johel Zelaya, y de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La audiencia pública ante el organismo interamericano fue fijada para inicios de agosto en Washington.
El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, aseguró que el Poder Legislativo actuó conforme a la Constitución de la República y a la Ley Especial de Juicio Político vigente desde 2013. Las destituciones, ocurridas entre marzo y abril, contaron con el respaldo de más de 86 votos legislativos, según el desglose oficial presentado por la directiva del Congreso.
La comparecencia responde a una petición de organizaciones de derechos humanos que sostienen que el mecanismo del juicio político continúa aplicándose sin las reformas ordenadas previamente por el sistema interamericano. La canciller Mireya Agüero confirmó que la representación oficial del Estado estará a cargo de la Procuraduría General de la República, encabezada por el procurador Dagoberto Aspra.
El diputado Marco Midence explicó que la sesión ante la CIDH no constituye un juicio, sino una audiencia sustentada en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El funcionario recordó que el procedimiento se fundamentó en el artículo 234 de la Constitución y que todas las etapas procesales fueron agotadas en cada uno de los casos.
La audiencia también evaluará el cumplimiento de una sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana, que había ordenado a Honduras adecuar su legislación para evitar que el juicio político comprometa la independencia institucional.