En estos días de alta tensión política tras las elecciones generales del 30 de noviembre, el debate sobre la supuesta «nulidad» del proceso electoral se ha centrado más en consignas partidarias que en fundamentos jurídicos. Ante eso, voces del gremio jurídico y de universidades han sido contundentes: la nulidad no se declara por decreto político; existe un cauce legal y ese es el que debe seguirse.
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), lo resumió sin ambages: “Ningún partido político tiene la facultad legal para declarar la nulidad de un proceso electoral; esa competencia corresponde únicamente al CNE, y debe sujetarse a las causales previstas en la Ley Electoral”. Esa afirmación no es retórica: apunta al principio de legalidad que rige el control de los comicios y a la necesidad de pruebas y procedimientos formales antes de invalidar resultados.
La UNAH, a través de sus instancias académicas y del IUDPAS, lanzó un llamado similar: pidió a actores políticos y candidatos a respetar la institucionalidad, agotar las vías de impugnación previstas y evitar la búsqueda de atajos que podrían desbordar la paz social. El diagnóstico universitario advierte de que las peticiones de nulidad sin respaldo probatorio son jurídicamente insostenibles y políticamente peligrosas.
El CONADEH reforzó esa línea en su comunicado oficial: además de recordar la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, la Defensoría instó a no entorpecer el conteo ni los mecanismos de declaratoria, a preservar la evidencia y a que cualquier cuestionamiento se tramite por las vías administrativas y judiciales que la ley establece. La institución subrayó la necesidad de garantías procesales para evitar decisiones arbitrarias que vulneren el derecho al sufragio.
A todo esto se suman pronunciamientos de grupos de juristas y académicos que han venido analizando la crisis constitucional y electoral, exponiendo que la nulidad sin causas legales claras sería inconstitucional y abre la puerta a una crisis institucional profunda.
En lo estrictamente procedimental, el CNE ha ampliado plazos para impugnaciones y recuentos, recordando que las reclamaciones deben seguir el cauce administrativo previsto, con actas, pruebas y, si procede, recuentos supervisados —no proclamaciones políticas de nulidad que carezcan de soporte legal. Esa insistencia en el debido proceso es clave para garantizar la legitimidad y la gobernabilidad.
Hay consenso jurídico. Las voces técnicas y los operadores del derecho coinciden en que la vía correcta para cuestionar resultados es jurídica —revisiones, recuentos y recursos ante las autoridades competentes— y no la declaración unilateral de nulidad por parte de un partido. Buscar lo contrario sería, además de ilegal, un experimento peligroso contra la paz democrática del país.