La esperanza parecía materializarse en cemento y acero: veinticinco torres de edificios proyectadas en varios puntos del país, promesas de empleo y renovación urbana. Pero esa ilusión se está desmoronando. La combinación mortal de incertidumbre política y tasas de interés elevadas ha detenido por completo los proyectos, dejando en el aire 60,000 puestos de trabajo en riesgo y afectando inversiones por más de 3,000 millones de lempiras.
El expresidente del COHEP, Juan Carlos Sikaffy, ha denunciado que esta suspensión es fruto directo de un entorno hostil: decisiones cambiantes, falta de seguridad jurídica y el encarecimiento del crédito por la política monetaria del Banco Central. La economía del país no puede crecer en un terreno movedizo, y urge revisar la Tasa de Política Monetaria y el encaje bancario para reactivar la construcción.
Este no es un problema técnico ni un efecto aislado del mercado. Es la ilustración más clara de lo que sucede cuando el país prioriza el experimento político sobre la prosperidad. Los obreros que esperaban empleo, los proveedores que apostaron a oportunidades, las pymes que aguardaban contratos: todo se congela porque el gobierno insiste en jugar con la institucionalidad en lugar de fortalecerla.
La construcción es más que edificios: es la minga diaria que mueve microeconomías, transportistas, ferreterías, familias que dependen de ese salario para vivir. Cada torre detenida es una comunidad afectada, una esperanza postergada, y un giro que empuja a las personas a buscar futuro lejos de aquí.
Para cambiar el rumbo, se necesita coraje político: estabilidad, reglas claras, diálogo real con el sector privado y políticas que favorezcan el crédito productivo, especialmente en vivienda social. No es un gesto de generosidad: es garantizar que Honduras no se quede sin construir su futuro por culpa de la politiquería barata.