La consejera del Consejo Nacional Electoral Cossette López volvió a denunciar presiones directas de las Fuerzas Armadas tras confirmarse que la institución castrense presentó una querella en su contra por injurias y calumnias. López afirma que este nuevo movimiento pretende callar su voz en un momento en el que la transparencia electoral exige claridad y firmeza. Señala que lo que persigue la acción judicial es silenciarla mediante intimidación, algo que ella describe como un intento de “ponerme un bozal”.
López sostiene que lleva semanas enfrentando un ambiente de tensión dentro del CNE, marcado por vigilancia y cuestionamientos a su labor técnica. Asegura que las FFAA intentan desacreditarla por sus denuncias sobre presiones relacionadas con el manejo de información electoral. Insiste en que su obligación es resguardar cada detalle del proceso conforme a ley y que su compromiso con la ciudadanía la obliga a denunciar cualquier interferencia que ponga en riesgo la integridad del proceso.
La querella presentada por las FFAA abrió un debate jurídico que especialistas consideran débil. El delito de injuria y calumnia está diseñado para proteger el honor de personas naturales, no de instituciones. Bajo ese criterio, la acción legal enfrenta el obstáculo de una posible inadmisibilidad, ya que las instituciones del Estado carecen de honor en sentido penal. La figura únicamente aplica cuando un individuo puede demostrar que una expresión afecta su dignidad personal, condición que no corresponde a un cuerpo armado como entidad estatal.
Cossette López asegura que seguirá denunciando cualquier presión que comprometa su independencia y la del CNE. Afirma que la defensa del voto exige libertad total para cumplir con las responsabilidades propias del organismo electoral, especialmente cuando la ciudadanía demanda garantías claras sobre actas, custodias y protocolos.
La consejera reitera que continuará trabajando “sin miedo y sin ceder ante intimidaciones”, convencida de que la protección del proceso electoral requiere firmeza y que ninguna querella debería usarse para intentar callar a una autoridad que cumple con su deber.