La consejera del CNE Cossette López denunció este jueves que las amenazas en su contra y las de su colega Ana Paola Hall persisten, mientras advirtió a los postulantes de que aspiran a sucederlas que los partidos políticos intentarán ejercer control sobre quienes ocupen esos cargos. Sus declaraciones, emitidas al margen del proceso de audiencias que se desarrolla en el Congreso, pusieron en relieve la dimensión humana e institucional del costo de defender la independencia electoral en Honduras.
«Hay campañas para manchar nuestro nombre»
López afirmó que las amenazas no han cesado y están acompañadas de campañas sistemáticas de descrédito contra ambas consejeras. Reconoció que el gobierno Asfura les ha brindado respaldo en materia de seguridad, pero señaló que la vulnerabilidad va más allá de la protección física. «Cuando la vulneración de derechos y la desprotección institucional y la falta de justicia y el desamparo pasan de un gobierno a otro, se constituyen en políticas de Estado», declaró, en una de las afirmaciones más contundentes de su intervención.
La consejera lamentó que la sociedad olvide que ella y Hall son personas, y que la defensa de la democracia que ejercieron durante el proceso electoral de 2025 hoy se les exige como un sacrificio permanente que, en sus palabras, va «más allá de lo humano».
El mensaje a los postulantes: independencia o sumisión
En su consejo más directo a quienes aspiran a integrar el CNE, López advirtió de que «muchos de los políticos pretenden ejercer control sobre ellos y los ven como sirvientes». Instó a que quien quede en el cargo conserve su conciencia y su compromiso independientemente de las presiones, señalando que hay aspirantes que dicen una cosa en sus discursos públicos pero que en la práctica están dispuestos a ceder ante estructuras partidarias.
El mensaje de López no es menor viniendo de quien lo emite: es una consejera en funciones, que vivió en primera persona las presiones del ciclo electoral más disputado de los últimos años, describiendo desde adentro el mecanismo de captura que los partidos intentan aplicar sobre los organismos electorales.
La ASJ exige descartar a los siete postulantes con litigios contra el Estado
En paralelo, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió que los siete postulantes que mantienen procesos legales activos contra el Estado sean excluidos del listado final que la comisión remitirá al pleno del Congreso. Hernández argumentó que aunque la ley no lo prohíbe explícitamente, la presencia de aspirantes con litigios pendientes genera una desconfianza innecesaria en un proceso que ya de por sí enfrenta alta presión política.
«Estamos en un momento donde tenemos que generar confianza y legitimidad. Si está documentado que hay siete postulantes que tienen procesos legales, lo más correcto es que la comisión no los considere en el listado», señaló. El funcionario indicó que, dentro de los que están siendo entrevistados, la ASJ ya identificó personas que reúnen las características de independencia y compromiso democrático que el momento exige.
La postura del Congreso ante esos siete casos es analizar cada uno «caso por caso», según informaron fuentes legislativas, sin establecer una descalificación automática.
El proceso en su fase más expuesta
Con las audiencias del CNE concluidas el jueves y las del TJE programadas para la próxima semana, el proceso llega a su tramo final con tres tensiones activas: la depuración de postulantes con antecedentes legales, las advertencias de captura política descritas por López desde adentro del sistema, y la presión de la sociedad civil organizada por una nómina final que garantice independencia real y no solo formal. El pleno del Congreso deberá elegir con al menos 86 votos, lo que obliga a negociaciones entre bancadas y convierte cada nombre en un objeto de disputa política antes de que haya siquiera tomado posesión.