La defensa legal del exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, interpuso un recurso de reposición contra la resolución judicial que admitió el requerimiento fiscal presentado en su contra por presuntos ataques a la libertad de prensa. El documento solicita revocar la providencia y la califica como un acto improcedente e inadmisible dentro del proceso penal.
El requerimiento del Ministerio Público, presentado el pasado miércoles, señala de forma particular la edición del 26 de mayo de 2025 del medio digital institucional de las Fuerzas Armadas, que difundió la portada «Sicarios de la verdad» con contenido dirigido a cuestionar a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. La defensa sostiene que las publicaciones en medios militares no constituyen delitos de acción pública y que la vía legal correspondiente debió ser una querella privada.
Este nuevo recurso se suma a otras estrategias legales emprendidas por el equipo de Hernández, que buscan demostrar presuntas inconsistencias y vicios en la determinación adoptada por el órgano jurisdiccional al admitir la causa impulsada por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. La directora de la Asociación para una Sociedad más Justa (Asopodehu), Dina Meza, solicitó medidas de protección para cuatro periodistas que figuran como ofendidos en el requerimiento fiscal.
La audiencia de declaración de imputado contra el exjerarca militar está programada para el próximo 7 de agosto, fecha en la que, según la portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, se le comunicarán formalmente los hechos que sustentan la acusación de la Fiscalía. El requerimiento acusa a Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
El caso ha generado un amplio debate en sectores periodísticos y de derechos humanos, luego de que organizaciones defensoras denunciaran en semanas previas que la investigación permanecía estancada dentro del Ministerio Público sin avances concretos.