Diputados de la oposición, de los partidos Nacional, Liberal y PSH, se autoconvocaron este lunes en los alrededores del Congreso Nacional, donde, en medio de fuertes medidas de seguridad y un ambiente político tenso, aprobaron la prórroga del período de sesiones ordinarias del 1 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026.
El acto, considerado inusual en la historia parlamentaria reciente, fue retransmitido en directo por televisiones, radios y redes sociales, generando amplia atención pública y mediática.
El presidente de la cámara, Luis Redondo, impidió el acceso a las instalaciones del Congreso en un acto deliberado en contra de la representación democrática que tienen estos diputados, quienes representan una amplia mayoría absoluta.
Los congresistas presentes, entre ellos miembros del Partido Nacional, Partido Liberal, PSH y diputados disidentes de Libre, justificaron la autoconvocatoria con base en el artículo 192 de la Constitución de la República, que faculta a los legisladores a reunirse por iniciativa propia cuando el Congreso no cumple con sus funciones. Según afirmaron, la decisión busca garantizar la continuidad del trabajo legislativo y evitar un vacío institucional ante la falta de acuerdos en el pleno.
En reacción a este convocatoria, en horas previas de la mañana, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró que la autoconvocatoria “no tiene validez jurídica”, señalando que solo la directiva puede convocar sesiones formales y que cualquier resolución adoptada fuera de ese marco “carece de efectos legales”.
Una maniobra con peso político
La extensión del período de sesiones evita que el Congreso quede conformado en Comisión Permanente afín a Libre, órgano que asumiría las funciones legislativas durante el receso y que, además, sería el responsable de emitir dictámenes en caso de que tras las elecciones generales no haya declaratoria oficial de ganador a la presidencia.
Analistas interpretan la medida como una estrategia para impedir que la minoría del partido Libre —en el poder— tome el control del Poder Legislativo a través de dicha Comisión Permanente, especialmente en un contexto político marcado por la incertidumbre electoral.
El movimiento evidencia la profunda división dentro del Congreso Nacional y anticipa nuevas tensiones entre las bancadas de oposición y el oficialismo en los próximos meses.