Legisladores del Congreso Nacional presentaron un proyecto de ley que propone otorgar amnistía política al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez y otros altos mandos militares que enfrentan procesos judiciales relacionados con los sucesos de la crisis política de 2009.
La iniciativa, impulsada por los diputados Kilvett Bertrand y Luz Ernestina Mejía, pretende que el beneficio legal extinga las responsabilidades penales de los generales Romeo Vásquez, Carlos Puerto y Venancio Cervantes, acusados en tribunales por su presunta vinculación con hechos de violencia política, incluyendo la muerte del joven Isy Obed Murillo durante protestas del 2009.
Los promotores de la propuesta aseguran que los acusados han sido víctimas de persecución política y que los procesos judiciales no responden a criterios de justicia, sino a motivaciones partidarias. Según los diputados, la amnistía es un paso necesario para “cerrar heridas políticas” y promover un clima de reconciliación nacional tras años de enfrentamientos judiciales y mediáticos.
La iniciativa también contempla extender esta medida a otros militares y civiles que enfrentan casos similares, y fue respaldada en el Congreso por simpatizantes de la plataforma cívica Defensores de la Democracia, quienes acudieron al hemiciclo para expresar su apoyo y pedir que la amnistía se discuta y apruebe lo antes posible.
El proyecto de ley llega en un contexto complejo para la figura de Romeo Vásquez, quien ha estado enfrentando procesos judiciales por delitos graves que datan de hace más de una década y que han provocado debates sobre la independencia judicial y la política penal en Honduras.
El Congreso Nacional deberá someter la iniciativa al procedimiento legislativo correspondiente, donde se debatirá en comisiones especializadas antes de que pueda ser votada en sesión plenaria. La propuesta ha generado reacciones encontradas entre sectores políticos, sociales y de derechos humanos, que discuten si una amnistía de este tipo podría restituir estabilidad o, por el contrario, comprometer principios de justicia y rendición de cuentas.

