Diputados de distintas bancadas se autoconvocaron de nuevo en un hotel de la capital hondureña este martes y procedieron a debatir y votar la continuidad del estado de excepción vigente desde diciembre de 2022. La mayoría del pleno decidió improbar la prórroga, poniendo fin a una medida que había restringido derechos constitucionales por casi tres años.
Este nuevo hito de la batalla legislativa que disputan la oposición y el oficialismo aboca a un debate jurídico sobre la legalidad vigente en el país.
La sesión autoconvocada—mecanismo constitucional que permite al pleno reunirse cuando la Dirección del Congreso se niega a convocar—culminó con 71 votos en contra de la extensión. Con este resultado, la suspensión de garantías queda sin validez legal. Diputados opositores argumentaron que la falta de convocatoria oficial (necesaria para ratificar el decreto de la presidenta, Xiomara Castro) buscaba extender el decreto por silencio institucional, lo que llamó a la urgente reunión de los legisladores.
Durante el debate, la diputada Maribel Espinoza recordó observaciones de la CIDH y la ONU, señalando que un estado de excepción no puede ser “permanente ni discrecional”, y que su uso prolongado ha debilitado el Estado de derecho y la confianza institucional.
La decisión legislativa fue respaldada por juristas consultados por medios nacionales, quienes coincidieron en que, al haber sido rechazada su continuidad, el estado de excepción queda automáticamente sin efecto y no puede ser aplicado por ninguna autoridad.
Organismos de derechos humanos celebraron la decisión. El Conadeh reportó más de 1,000 denuncias durante la vigencia del régimen, incluyendo desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y presuntas ejecuciones extrajudiciales. Con la derogación, exigen ahora auditorías, investigaciones y reparaciones.
La medida se suspende en un momento clave: a menos de dos semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre. Sectores sociales y empresariales consideran que recuperar plenamente las garantías ciudadanas es esencial para garantizar un proceso electoral confiable y sin presiones.
La autoconvocatoria y el rechazo a la prórroga marcan uno de los episodios legislativos más relevantes del año, y reconfiguran el balance de poder entre el Congreso y el Ejecutivo en los días previos a la contienda electoral.
