La congresista republicana María Elvira Salazar ha presentado ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto de ley ‘Proteger la Democracia Hondureña’. Esta iniciativa busca garantizar la supervisión estadounidense en las elecciones generales de Honduras programadas para el 30 de noviembre de 2025, con el objetivo de prevenir fraudes electorales, especialmente aquellos atribuidos a la familia Zelaya.
La propuesta autoriza al Departamento de Estado a monitorear activamente el proceso electoral en coordinación con organismos internacionales, asignando fondos para observación electoral y fortalecimiento de instituciones democráticas hondureñas. Además, contempla la imposición de sanciones diplomáticas, como la cancelación de visas a funcionarios implicados en fraude.
Salazar argumenta que la iniciativa busca evitar una «toma de poder autoritaria» y proteger la estabilidad regional, señalando que lo que ocurre en Honduras «afecta al sur de Florida y a la seguridad nacional de EEUU».
El proyecto ha sido aprobado inicialmente en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara y cuenta con el respaldo de congresistas como Norma Torres, Joaquín Castro y Chris Smith. La Fundación 15 de Septiembre, liderada por Juan Flores, apoya activamente la propuesta y realiza lobby para ampliar su respaldo.
Las reacciones desde la trinchera de Libre no tardaron en llegar. El ex canciller y primer designado presidencial, Enrique Reina, fue el encargado por el Familión Zelaya-Moncada. Agarró el discurso de la injerencia en los asuntos hondureños, olvidando que su partido en el Gobierno ha usado las relaciones internacionales desde un punto de vista ideológico. Su adhesión y apoyo al gobierno de Maduro en Venezuela ha tenido duras consecuencias políticas y económicas (como demuestra la crisis de los productores de camarón tras romper relaciones con Taiwán) y ha representado una pérdida de crédito internacional, alineando a nuestra nación con regímenes autoritarios como Cuba.
Por su parte, la diputada y candidata a designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la iniciativa refleja la desconfianza internacional y enfatizó que esto “obliga a la oposición y al pueblo hondureño a garantizar un proceso transparente y limpio”. Mejía subrayó que la responsabilidad de que los comicios sean confiables recae directamente en los actores políticos locales y en las instituciones nacionales, y que la supervisión de EE. UU. debe ser vista como un apoyo, no como un reemplazo de la fiscalización interna.