El gobierno de Estados Unidos incluyó a Honduras en la lista de países de tránsito importante y de producción significativa de drogas en su informe anual del 15 de septiembre de 2025. La decisión forma parte de la estrategia de Washington para enfrentar la emergencia por fentanilo y otras drogas sintéticas.
El documento presidencial explica que la inclusión de un país en la lista responde a la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten que drogas o precursores químicos sean traficados o producidos, y aclara que esta clasificación no necesariamente refleja falta de cooperación de las autoridades locales. Aun así, el texto señala que el narcotráfico transnacional, en especial de fentanilo y metanfetaminas, constituye una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos.
En Honduras, las reacciones no se hicieron esperar. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, reconoció la gravedad del señalamiento: “Es innegable, es algo que lo vivimos y el comunicado es congruente a la realidad que tenemos”, afirmó, admitiendo que existen evidencias de producción local y paso de drogas por el territorio.
Analistas y sectores de la sociedad civil insisten en la necesidad de mayor transparencia en decomisos, investigaciones financieras y judicialización de casos de alto nivel vinculados al narcotráfico.
La inclusión de Honduras en la lista no implica sanciones automáticas, pero sí refuerza la presión política y diplomática de Washington. Estados Unidos ya advirtió que usará todas sus herramientas para reducir el flujo de drogas hacia su territorio y exigirá resultados concretos.
Los partidos de oposición y analistas políticos criticaron que esta es una “situación comprometedora” para Honduras. El diputado Carlos Umaña (PSH) afirmó: “Al volver a ser colocado en la lista de países que favorecen el tráfico de drogas o que las producen en su territorio nacional, esto prácticamente es como cerrarnos la puerta de la geopolítica honesta y nos coloca realmente en un muy, muy mal ante la opinión mundial.”
Por su parte, el analista Kenneth Madrid consideró que este señalamiento es consecuencia directa de una política débil del gobierno: “Nos ponen en esa lista para señalarnos que no hemos hecho las cosas preventivas… Justicia no ha trabajado de forma equitativa para castigar a los que trafican con la droga en el país.”
La inclusión de Honduras en la lista de países de tránsito y producción de drogas por parte de Estados Unidos llega en un contexto regional marcado por fuertes tensiones.
Apenas semanas atrás, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, reveló la existencia de un “narco-puente aéreo” que conecta vuelos clandestinos desde Sudamérica hacia Centroamérica, con escalas en territorio hondureño antes de llegar a México y Estados Unidos. Según las investigaciones, estas rutas son utilizadas para mover cargamentos de cocaína y precursores químicos, lo que evidencia la vulnerabilidad de las fronteras aéreas y el papel del país como corredor estratégico en el crimen organizado.
Al mismo tiempo, Washington ha reforzado su presencia militar en el Caribe mediante el despliegue de buques de guerra y aeronaves de vigilancia, con el objetivo de cortar las operaciones del llamado Cártel de los Soles, estructura del narcotráfico vinculada a altos mandos militares en Venezuela. Esta ofensiva naval se coordina con agencias antidrogas y gobiernos aliados de la región, y ha puesto bajo mayor escrutinio a Honduras y a otros países centroamericanos señalados como puntos de trasiego.
El hecho de que la designación de Honduras coincida con estas acciones regionales subraya la creciente presión internacional para que Tegucigalpa fortalezca sus capacidades de control y cooperación contra el narcotráfico y pone en el foco las relaciones amistosas con el régimen de Nicolás Maduro.