Honduras enfrenta actualmente al menos 15 demandas de arbitraje internacional ante el CIADI, la mayoría presentadas entre 2023 y 2024 tras la eliminación del régimen de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE) y la cancelación de varias concesiones estatales, con montos reclamados que van desde varios millones hasta miles de millones de dólares.
El caso Próspera, el más cuantioso
La demanda de Honduras Próspera Inc. es, hasta ahora, la de mayor magnitud. La empresa presentó inicialmente una reclamación que llegó a estimarse en 10,775 millones de dólares, cifra calculada sobre la pérdida total de la inversión proyectada en su ciudad autónoma de Roatán. En octubre de 2025, la compañía redujo su reclamo en un 85 por ciento, a 1,630 millones de dólares. En marzo de 2025, un panel del CIADI rechazó la solicitud del Estado hondureño de desestimar el caso por falta de agotamiento de instancias locales, lo que permitió que la demanda continúe su curso.
Quiénes más demandan al Estado
Además de Próspera, Honduras enfrenta reclamos de empresas y particulares en sectores tan diversos como energía, infraestructura vial, puertos y banca. Entre los demandantes figuran Eléctricas de Medellín (EEH) y Edemsa en el sector eléctrico; la energética española X-Elio Energy; las noruegas Scatec Solar y Norfund, también en energía renovable; el consorcio Grupo Emco, por la concesión del aeropuerto de Palmerola; Autopistas del Atlántico y un grupo de fondos de inversión internacionales, por una concesión vial; las filipinas OPC e ICTSI, por la operación de Puerto Cortés; la mexicana JLL Capital, en el sector financiero; la panameña Inversiones y Desarrollos Energéticos Inversiones Continental, de Panamá; los hermanos Juan Carlos y Ernesto Argüello, en construcción; los empresarios guatemalteco Fernando Paiz y Anabella Schloesser de Paiz; y el empresario salvadoreño Víctor Miguel Silhy Zacarías, ambos en el sector energético.
La auditoría de la PGR
Ante ese volumen de litigios, la Procuraduría General de la República, a través del subprocurador José Francisco Quiroz, anunció una auditoría a las demandas nacionales e internacionales que enfrenta el Estado, con el objetivo declarado de identificar si hubo negligencia o responsabilidad de los bufetes que gestionaron la defensa legal hondureña en cada caso. La institución no ha precisado aún un plazo de conclusión para esa revisión ni ha publicado resultados preliminares.
El dato de empleo que reporta la ZEDE
En el debate sobre el costo de estos litigios se ha citado también la evolución del empleo dentro del proyecto Próspera. Según datos difundidos por la Secretaría Técnica de la ZEDE, entidad vinculada al propio proyecto, el número de puestos de trabajo generados cayó de 3,480 a 974 tras la sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2024, que declaró contrario a la Constitución el régimen legal bajo el cual operaba la ZEDE.
Qué falta por resolver
La Procuraduría no ha informado un monto total consolidado de las 15 demandas activas ni un cronograma público para las conciliaciones que habilita el Decreto 17-2026, que permite al Estado negociar directamente con empresas que ya mantienen procesos abiertos. Con el reingreso de Honduras al CIADI, vigente desde el 16 de agosto, el resultado de la auditoría en curso será clave para determinar qué casos busca conciliar el Gobierno y cuáles decide llevar hasta un laudo arbitral definitivo.