Lo que hoy ocurre en Nicaragua no es un hecho aislado ni lejano: es una advertencia. En el país vecino, más de 260 religiosos —obispos, sacerdotes, monjas y pastores— han sido desterrados, sus templos cerrados, sus emisoras confiscadas y su voz silenciada por un régimen que ve en la fe un obstáculo para el poder. El informe ‘Fe bajo fuego’, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, documenta cómo el gobierno de Daniel Ortega convirtió la persecución religiosa en política de Estado.
En Honduras, aún no hemos llegado a ese punto, pero los signos de intolerancia comienzan a parecerse peligrosamente. Los ataques del oficialismo contra líderes espirituales, las amenazas veladas a las iglesias que llaman a la oración y la manipulación del discurso moral para dividir a la sociedad son señales preocupantes. Cuando desde el poder se señala a la fe como enemiga, la democracia ya ha dado un paso atrás.
La Caminata por la Oración demostró que la fe sigue viva en el corazón del pueblo hondureño. Miles salieron a las calles a pedir paz, unidad y respeto. Y sin embargo, en lugar de escuchar ese clamor, algunos sectores respondieron con ataques, burlas y advertencias. Esa reacción revela un miedo profundo: el miedo de quienes no toleran que la sociedad piense, crea y se exprese libremente.
La historia enseña que la persecución no empieza con destierros ni cárceles; empieza con la descalificación, con la sospecha, con el silencio impuesto. En Nicaragua también se comenzó diciendo que la Iglesia era “enemiga del pueblo”. Hoy, ese país vive bajo una dictadura que no permite ni rezar sin permiso.
Honduras aún puede elegir otro camino. La libertad religiosa no es un privilegio de unos pocos, es un derecho de todos. Defenderla no es hacer política, es defender la dignidad humana.