El 19 de agosto de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó el informe “El negocio de gobernar”, en el que documenta la existencia de una red de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), que entre 2022 y 2023 desvió más de L 103 millones de lempiras.
Según el CNA, este esquema se ejecutó durante la administración de Xiomara Castro y su partido Libertad y Refundación (Libre), con la participación de exfuncionarios de Gobernación, diputados y organizaciones no gubernamentales (ONG) utilizadas como fachada.
Los implicados
El documento señala que la red fue operada desde la SGJD, entonces bajo la dirección de Tomás Vaquero Morris, ministro de Gobernación en el gobierno de Xiomara Castro. Junto a su equipo, se autorizó la firma de convenios millonarios con ONG y fundaciones que, según el CNA, estaban vinculadas a diputados del Congreso Nacional y a operadores políticos de Libre.
Entre los nombres citados se encuentran:
- Ángel Darío Banegas (diputado suplente de Libre por Atlántida), vinculado a la ONG Fundación Atlántida Solidaria (FAS).
- José Arnulfo Gutiérrez (diputado de Libre por Colón), ligado a proyectos canalizados a través de asociaciones locales en su departamento.
- Mario Cálix y Ariel Montoya, señalados como intermediarios en la gestión de convenios con ONG en Francisco Morazán y Olancho.
Departamentos beneficiados y clientelismo político
El CNA documenta que los fondos se destinaron principalmente a Cortés, Atlántida, Colón, Olancho y Francisco Morazán, bajo el argumento de proyectos sociales y comunitarios. Sin embargo, muchos de estos convenios fueron utilizados como instrumentos clientelares para reforzar la presencia política de Libre en los territorios.
Ejemplos incluidos en el informe:
- En Atlántida, la ONG Fundación Atlántida Solidaria (FAS) recibió más de L 11 millones para supuestos proyectos de capacitación comunitaria. El CNA constató que una parte de los talleres nunca se realizó y que los recursos se desviaron.
- En Colón, asociaciones locales recibieron cerca de L 8 millones para proyectos agrícolas, pero varios campesinos declararon que nunca recibieron insumos ni asistencia técnica.
- En Olancho, convenios por más de L 12 millones fueron ejecutados de manera parcial, quedando comunidades sin los beneficios prometidos.
El modus operandi
El esquema operaba en cinco pasos:
- Convenios inflados con ONG ligadas a diputados y operadores políticos.
- Simulación de legalidad: trámites completos en papel, licitaciones amañadas y presupuestos falsificados.
- Ejecución parcial o nula: proyectos que quedaban a medias o nunca se ejecutaban.
- Desvío de fondos hacia operadores políticos y estructuras partidarias de Libre.
- Compra de lealtades en comunidades estratégicas, consolidando redes de apoyo electoral.
“Una corrupción con rostro político”
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, advirtió que esta red no solo drenó recursos, sino que convirtió a la Secretaría de Gobernación en una caja chica del oficialismo:
“Estamos frente a un mecanismo de corrupción que se disfrazó de programas sociales, pero que en realidad sirvió para fortalecer estructuras clientelares de Libre bajo la presidencia de Xiomara Castro”.
Consecuencias
El CNA señaló que más de L 103 millones fueron drenados en proyectos incompletos, simulados o sobrevalorados. El costo social es alto: comunidades que quedaron sin capacitación, campesinos sin apoyo productivo, jóvenes sin talleres de formación.
Para la ciudadanía, concluye el informe, esta corrupción significa menos oportunidades, más pobreza y un debilitamiento de la confianza en las instituciones.
