En otra señal de represión ideológica, el gobierno de Ortega–Murillo expropió el colegio «San José» de la Congregación de las Hermanas Josefinas en Jinotepe, Carazo. Rosario Murillo anunció que será renombrado “Centro Educativo Bismarck Martínez”, en homenaje a un militante del sandinismo asesinado durante las protestas de 2018, mientras afirmó que el plantel fue escenario de tortura y asesinatos sin aportar pruebas.
Este golpe institucional forma parte de una ofensiva sistemática contra la Iglesia en Nicaragua: órdenes religiosas expulsadas, propiedades confiscadas, sacerdotes encarcelados o forzados al exilio. Desde 2018, templos han sido clausurados, procesiones prohibidas, líderes religiosos perseguidos —el obispo Rolando Álvarez fue detenido y sentenciado a 26 años por «traición».
Al respecto, el Papa Francisco marcó claridad moral: en entrevista de marzo de 2023 con Infobae, calificó el régimen como una “dictadura grosera” y “guaranga”, comparándolo con regímenes comunistas o hitlerianos. Esta descripción encendió la furia de Managua, cerrando la Nunciatura Apostólica inmediatamente después.
Esto no es reforma educativa ni rebranding partidario: es expropiación ideológica. En Honduras debemos denunciarlo sin paños tibios. Expropiar un colegio con ocho décadas de historia religiosa para imponer propaganda política equivale a expropiar la esperanza democrática de un pueblo.
Porque cuando el Estado pisotea la fe con excusas de reconciliación, lo que destruye no es solo un edificio, sino el alma misma de la nación.