Honduras depositó el 17 de julio ante el Banco Mundial su instrumento de ratificación del Convenio del CIADI y, a partir del 16 de agosto, recuperará su condición de Estado miembro, dos años después de que el país saliera del organismo. Es una decisión que merece respaldo porque la certeza jurídica es uno de los activos más escasos que puede ofrecer un país pequeño que compite por inversión extranjera.
La salida del CIADI en 2024 dejó a Honduras fuera del principal mecanismo internacional de resolución de disputas entre inversionistas y Estados; en la actualidad, existen al menos 16 demandas de arbitraje sin resolver. Esa salida no eliminó los litigios, simplemente los dejó sin el marco institucional más reconocido para tramitarlos. Volver a ser parte del convenio no es una concesión a intereses extranjeros, es recuperar una herramienta que el propio país necesita para ordenar sus propios pasivos legales.
La auditoría anunciada por la Procuraduría General de la República, a través del subprocurador José Francisco Quiroz, va en la dirección correcta. Revisar cómo se gestionaron las demandas nacionales e internacionales contra el Estado, e identificar si hubo negligencia o mal manejo por parte de los bufetes involucrados, es exactamente el tipo de escrutinio que debe acompañar cualquier reincorporación a un mecanismo de arbitraje. Sin esa auditoría, la ratificación del convenio sería solo un gesto simbólico.
El Decreto 17-2026, que habilita acuerdos de conciliación directos y voluntarios con empresas que ya mantienen demandas activas, es una herramienta razonable si se aplica con criterios técnicos claros. Litigar durante años ante tribunales internacionales tiene un costo real en honorarios legales, tiempo y, en algunos casos, en inversión que no llega mientras la incertidumbre persiste. Negociar no es debilidad institucional, es pragmatismo fiscal, siempre que el Estado concilie desde una posición informada y no bajo presión de plazos externos.
Honduras tiene ahora la oportunidad de demostrar que su regreso al CIADI no es solo una señal para los mercados, sino el inicio de una gestión más ordenada de sus compromisos legales con inversionistas extranjeros. El verdadero éxito de esta decisión se medirá en las próximas semanas, cuando se conozcan los resultados de la auditoría y el criterio con el que la Procuraduría decida qué casos conciliar y cuáles llevar hasta el final.