Desde diciembre de 2022, Honduras ha estado bajo un estado de excepción implementado por el gobierno como respuesta a la violencia de pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado. La medida, prorrogada de manera consecutiva, busca reforzar la presencia policial y militar en las comunidades más afectadas, pero también ha generado preocupación por sus implicaciones en la protección de derechos fundamentales y la integridad del proceso electoral. La última prórroga fue aprobada el 16 de agosto de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo PCM-23-2025, y se mantiene vigente hasta el 29 de septiembre de este año.
Actualmente, la medida aplica en 226 de los 298 municipios del país, incluyendo sectores estratégicos de Cortés, Atlántida, Francisco Morazán, Olancho, Colón y Comayagua. En estas zonas, la ciudadanía experimenta restricciones a la circulación, suspensión de reuniones públicas y un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad, lo que ha provocado tanto alivio en algunos sectores como preocupación en otros por la limitación de derechos.
El gobierno de Libre defiende el estado de excepción como una herramienta indispensable para garantizar la seguridad y proteger a la población frente a la criminalidad organizada. Según las autoridades, ha permitido reducir la violencia en barrios y colonias vulnerables y asegurar la normalidad durante procesos electorales recientes, incluyendo las elecciones primarias. Sin embargo, analistas y organizaciones de derechos humanos advierten que su implementación reiterada y sin la ratificación del Congreso puede generar abusos de poder y erosionar la institucionalidad democrática.
Diversas voces se han pronunciado respecto a la medida. Carlos Umaña, diputado del PSH, sostuvo que “el proceso eleccionario no es compatible con un estado de excepción” y solicitó su suspensión durante las elecciones.
Por su parte, CONADEH advirtió sobre la ilegalidad de muchas actuaciones bajo la medida, al no contar con ratificación legislativa, lo que podría derivar en violaciones constitucionales y responsabilidades internacionales.
Gabriela Castellanos, del CNA, calificó la medida como un “radar antidemocrático” y pidió garantizar derechos fundamentales durante el proceso electoral.
Más de 60 organizaciones de sociedad civil enviaron una carta pública solicitando suspender la medida antes y después de las elecciones, para evitar dudas sobre la transparencia del proceso, mientras que Cristosal alertó que la medida ha derivado en abusos de poder, torturas y detenciones arbitrarias. En contraste, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió el estado de excepción como un instrumento necesario para proteger a votantes y centros de votación, asegurando que permite reforzar la normalidad del proceso electoral.
El escenario actual plantea retos importantes para la democracia. La suspensión de derechos fundamentales, como la libertad de reunión y circulación, afecta la participación ciudadana y limita la actividad política.
Dudas sobre la legalidad de la decisión
La legalidad de la medida es cuestionable debido a la falta de ratificación por el Congreso, lo que genera riesgos de responsabilidad legal y constitucional.
Además, su continuidad puede afectar la percepción de transparencia de las elecciones, mientras denuncias de abusos y arrestos arbitrarios generan temor en la población y podrían inhibir la participación ciudadana. La restricción de concentraciones políticas, la presencia limitada de observadores y la dificultad para el acceso a información electoral también representan riesgos para la equidad y legitimidad del proceso.
Honduras se encuentra en una encrucijada: debe equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de derechos fundamentales y la confianza en las elecciones. La medida puede ofrecer resultados inmediatos en términos de seguridad, pero su uso reiterado y sin control institucional amenaza la democracia, la participación política y la legitimidad de los comicios. El desafío del país es demostrar que es posible garantizar protección ciudadana sin sacrificar libertades ni comprometer la integridad del proceso electoral.