El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, reveló esta semana que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026 quedará fijado en L 445 mil millones, una cifra que representa una reducción de L 24 mil millones frente a los L 469,249 millones aprobados en septiembre de 2025 por el Consejo de Ministros del gobierno de Xiomara Castro. El documento está pendiente de aprobación en Consejo de Ministros y su meta es llegar al Congreso Nacional para ser discutido y votado antes del inicio de la Semana Santa, que comienza el 29 de marzo.
Dos meses operando sin presupuesto propio
El trasfondo de la urgencia es revelador: Honduras inició el año fiscal 2026 bajo el principio de vigencia continuada del presupuesto anterior, porque el Congreso Nacional no alcanzó a aprobar el nuevo instrumento presupuestal antes del 1 de enero. El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) ha urgido al Ejecutivo a resolver esa situación cuanto antes, advirtiendo que la demora afecta la continuidad de proyectos de inversión pública.
La administración Asfura heredó un proyecto que el propio secretario Hércules calificó de «altamente inflado» al momento de recibirlo. Su diagnóstico fue contundente: al cruzar la cifra de L 469 mil millones con las proyecciones reales de recaudación, se detectaron más de L 200 mil millones sin fuente de financiamiento identificada. «No se sabía de dónde lo iban a sacar», afirmó el funcionario.
Qué cambia y qué se prioriza
La reformulación descansa sobre dos ejes. El primero es la reducción del gasto corriente, particularmente a través de la depuración de planillas estatales: la designada presidencial María Antonieta Mejía había anunciado en febrero que al menos 8,000 personas cobraban salarios sin desempeñar funciones, irregularidad que fue el detonante inicial de los ajustes. El diputado Kilvett Bertrand, secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso, confirmó que los recortes responden además a la eliminación de duplicidades institucionales —entidades con doble o triple función— que generaban sobrecostos sistemáticos.
El segundo eje es el aumento de la inversión pública, que el proyecto fija en al menos el 20% del gasto total. Hércules detalló que el presupuesto incluye programas concretos de impacto inmediato: el kit de maquinaria a las 298 alcaldías del país, el fideicomiso para atender la mora quirúrgica en hospitales públicos, el bacheo de carreteras y la limpieza de canales y dragados en la zona norte. Además, el texto contempla una mayor descentralización de fondos hacia los gobiernos municipales, otorgándoles mayor autonomía financiera para responder a necesidades locales.
El Congreso: diálogo antes que madrugones
La ruta legislativa no está exenta de tensiones. Fuentes del Congreso señalaron que la bancada del Partido Libre rechaza procedimientos acelerados. «Con nosotros no existen los madrugones; existen los diálogos», advirtió un legislador del oficialismo, aunque también destacó la disposición favorable de la bancada del Partido Liberal para avanzar en la discusión. El objetivo del Ejecutivo es completar el ciclo —Consejo de Ministros, comisión de dictamen y pleno del Congreso— en menos de dos semanas, un calendario exigente que depende del nivel de consenso que Finanzas logre construir con las distintas bancadas antes de Semana Santa.
El contexto: austeridad con presión externa
La reformulación presupuestal ocurre en un momento de doble presión. Por un lado, el subsidio al alza de combustibles ya compromete L 1,427 millones adicionales en 2026. Por el otro, el vencimiento de bonos soberanos por 700 millones de dólares en 2027 obliga a una planificación fiscal rigurosa desde ahora. En ese marco, la reducción del gasto corriente y la elevación de la inversión pública no son solo decisiones técnicas: son también señales dirigidas a los mercados internacionales y a organismos multilaterales sobre el rumbo fiscal de la nueva administración.