En Honduras no estamos ante una simple competencia electoral. Lo que está en juego en las elecciones del 30 de noviembre no es quién administra el gobierno, sino si las reglas democráticas seguirán existiendo o serán arrasadas por un proyecto que ya demostró que juega para perpetuarse. El golpe no se anuncia con tanques ni cuartelazos, sino con maniobras institucionales, control político y fuerza callejera organizada: el golpe de Estado técnico que Libre está ejecutando.
A fuerza de control, presión y ocupación, Libre ha logrado poner bajo su influencia a casi todos los pilares del Estado: el Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, que actúa como operador político del “familión”; el Ministerio Público, que responde al compás de Casa Presidencial; la Corte Suprema de Justicia, cuyos fallos han favorecido los intereses del oficialismo; el Consejo Nacional Electoral (CNE), acosado y presionado; y hasta el sistema TREP, herramienta clave para el conteo rápido de votos. A esto se suma el control de las Fuerzas Armadas y la Policía, actores determinantes para asegurar o entorpecer un proceso electoral.
El CNE ha sido escenario de bloqueos políticos, y en una de las más recientes sesiones del Congreso, los colectivos de Libre —esa fuerza de choque que el propio Mel Zelaya cifró en 30.000 militantes capaces de movilizarse por todo el país— irrumpieron en una comparecencia de los consejeros titulares del CNE para impedir la entrega de propuestas de reforma. No es teoría: es práctica.
En el Congreso, las maniobras son calculadas. Redondo ha evitado que se discutan temas clave, transformando debates en denuncias judiciales, y ha creado comisiones con el objetivo de sentar en el banquillo a dirigentes de oposición, incluido Salvador Nasralla. La oposición, entre la desconfianza y las fracturas, asiste a un escenario en el que el oficialismo marca el ritmo y decide cuándo y cómo se mueve cada ficha.
Ensayos antes del 30N
Los métodos de presión no se guardaron para la elección general. En las primarias del 9 de marzo ya se ensayaron actividades para frenar las votaciones en ciertos lugares. Sin embargo, el pueblo hondureño demostró paciencia y determinación: esperó a que llegaran las urnas y votó, enviando un mensaje claro de que no se dejará arrebatar su derecho a decidir.
Este antecedente es clave para entender lo que se prepara. Un oficialismo que prueba sus estrategias antes del gran día, que calibra sus fuerzas de calle y mide la capacidad de resistencia ciudadana.
Control electoral como estrategia
El control del árbitro electoral es el primer paso de cualquier golpe técnico. El oficialismo busca no solo presionar desde afuera, sino condicionar la estructura interna del CNE, reducir su pluralismo y manipular variables críticas como la ubicación de centros de votación, especialmente en zonas donde la oposición es fuerte.
La estrategia también contempla el uso político de programas sociales. No es secreto que el “Bono Esperanza”, las “Becas Solidarias” y otras ayudas estatales se reparten con criterios políticos, premiando lealtades y castigando disidencias. Esta táctica, heredada de otros regímenes de corte autoritario, convierte la necesidad en un instrumento de control político.
La fuerza callejera
La amenaza de los colectivos no es retórica. Mel Zelaya lo dijo sin rodeos: 30.000 activistas listos para desplegarse en cualquier punto del país. Ya lo han hecho en el Congreso y podrían hacerlo en las calles durante la jornada electoral. El precedente venezolano enseña que este tipo de grupos funcionan como un brazo extrainstitucional del poder, intimidando y desmovilizando a opositores, y actuando donde las fuerzas de seguridad se “retiran” o hacen la vista gorda.
¿Qué pasa después del 30N?
En un golpe técnico, el día de las elecciones no es el final, sino una etapa más. Libre podría recurrir a la suspensión del TREP bajo cualquier pretexto, retrasar resultados, manipular el escrutinio y proclamar una victoria sin mostrar todas las actas. Y si pierde, tiene en sus manos los mecanismos para bloquear impugnaciones, cerrar las vías legales y criminalizar protestas, calificando cualquier movilización ciudadana como “golpe” o “insurrección”.
El manual es claro: controlar el relato, buscar el reconocimiento de gobiernos aliados y presentarse como víctima de un complot internacional. Mientras tanto, el daño a la institucionalidad ya estaría consumado.
Defender la democracia es ahora
El golpe técnico no es una amenaza abstracta. Está en marcha, pieza por pieza, y cada semana suma un capítulo nuevo. Honduras todavía tiene en sus manos la capacidad de frenarlo, pero para eso se requiere algo más que discursos: vigilancia ciudadana, unidad opositora y una prensa dispuesta a llamar las cosas por su nombre.
Porque si algo nos enseña nuestra historia es que cuando se entrega una institución al control absoluto de un grupo político, la democracia deja de ser un derecho y se convierte en un recuerdo. Y en este momento, lo que está en juego no es quién gane o pierda, sino si habrá un país donde las elecciones sigan teniendo sentido.