Honduras sigue encabezando las cifras más alarmantes de feminicidios en América Latina. Solo en lo que va de 2025, el Observatorio de la Violencia de la UNAH reporta más de 177 muertes violentas de mujeres, de las cuales 49 han sido tipificadas como feminicidios, confirmando que la violencia de género se mantiene como una tragedia nacional.
La coordinadora del Observatorio, Migdonia Ayestas, advierte que la situación es crítica: “Honduras continúa siendo el país más femicida de la región. Las mujeres siguen siendo asesinadas en sus casas, en la calle, en espacios públicos, y el Estado no garantiza investigaciones ni justicia. Esa ausencia nos convierte en un país donde ser mujer significa estar en riesgo permanente”.
Las organizaciones de derechos humanos señalan que el problema no es solo el número de víctimas, sino la impunidad. La especialista en género Itzayana Ocampo, en declaraciones a medios locales, fue contundente: “Honduras es un Estado feminicida. Porque teniendo la responsabilidad absoluta de investigar, la mayoría de los casos quedan en la impunidad. El mensaje que se envía es que asesinar a una mujer no tiene consecuencias”.
Los datos muestran patrones comunes en estos crímenes. Según el Observatorio de la Violencia, el 63 % de las víctimas mueren por heridas de arma de fuego y más de la mitad de los asesinatos ocurren en espacios públicos. Sin embargo, la respuesta estatal es insuficiente. Las reformas legales han debilitado las sanciones: el nuevo Código Penal redujo la pena máxima por feminicidio de 30 a 25 años de cárcel.
Ayestas subraya que el problema es estructural: “El sistema de justicia está colapsado, no tiene capacidad para investigar ni procesar los casos. Eso genera desconfianza y deja a las mujeres desprotegidas”.
El panorama es desolador: en la mayoría de los casos no se logra identificar a los agresores y menos aún llevarlos a juicio. Las familias de las víctimas cargan con el dolor de la pérdida y con la certeza de que nunca habrá castigo.
En Honduras, la violencia contra las mujeres no solo sigue en aumento, sino que está sostenida por la inacción de un Estado que, según las expertas, se ha convertido en cómplice de la impunidad.