El Estado de Honduras no enviará una delegación a la audiencia pública convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el próximo 5 de agosto en Washington, y presentará en su lugar una defensa por escrito sobre los juicios políticos aplicados contra el exfiscal general Johel Zelaya y autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). El diputado Antonio Rivera Callejas confirmó que el documento será elaborado de forma conjunta entre el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República.
La CIDH citó a Honduras a esta audiencia luego de una petición presentada por organizaciones de derechos humanos, que señalan posibles irregularidades en el procedimiento y en las garantías otorgadas durante los procesos de destitución. Entre los funcionarios destituidos entre marzo y abril de este año figuran Johel Zelaya, el consejero del CNE Marlon Ochoa y el magistrado del TJE Mario Morazán, además de dos magistrados suplentes de ese tribunal.
El diputado Rivera sostuvo que la respuesta hondureña incluirá argumentos jurídicos y medios probatorios para demostrar que los procesos respetaron el Estado de derecho. «Sí se respetó el Estado de Derecho, sí se respetó la presunción de inocencia, sí se le dio el derecho a la defensa en dos oportunidades», afirmó el congresista, en referencia a la aplicación de la Ley de Juicio Político.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respaldó la decisión y aseguró que las destituciones se desarrollaron conforme a la Constitución y a la legislación vigente. La audiencia también revisará el cumplimiento de una sentencia de 2023 de la Corte Interamericana, que había señalado incompatibilidades de la normativa hondureña sobre juicio político con los estándares internacionales de independencia judicial.
El caso mantiene posiciones divididas en el país, mientras organizaciones de derechos humanos insisten en que persisten problemas estructurales que podrían derivar en una nueva responsabilidad internacional para el Estado hondureño.