Santiago Herrera, gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), advirtió este lunes sobre las graves repercusiones de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos. Mañana, 18 de noviembre, una Corte de Inmigración en San Francisco dará a conocer un veredicto que, aunque no podrá restituir el beneficio previamente cancelado, sí podría definir cuánto tiempo más tendrán miles de familias para continuar sus vidas en el país que han construido a lo largo de décadas.
“Lo relevante no es solo lo económico, lo relevante es el drama social que representa para estas familias”, subrayó, destacando que cerca del 40% de los beneficiarios depende exclusivamente de las remesas como único ingreso.
Herrera recordó que este beneficio afecta directamente a unas 55.000 familias y advirtió que la situación exige acciones inmediatas. “Necesitamos una estrategia de país y convocar de emergencia una fuerza de tarea”, dijo, instando a que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil definan políticas claras para un retorno digno de los compatriotas.
Especialistas coinciden en la magnitud del impacto económico. Ilis Cornejo, experta en migración, advirtió de que la falta del TPS podría significar pérdidas anuales de entre 400 y 700 millones de dólares que antes llegaban a las familias hondureñas. Por su parte, Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas, señaló que la deportación de hondureños pone en riesgo la estabilidad macroeconómica y el consumo interno.
El director del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz, aseguró que no habrá deportaciones masivas, aunque reconoció que la ausencia de una política seria mantiene a 55.000 familias “en zozobra y a merced de decisiones judiciales en EEUU”.
“Nefasto gobierno de Libre”: PN
En el plano político, la noticia del fin del TPS también generó reacciones críticas. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, lamentó que “este nefasto gobierno de Libre fue incapaz de impulsar acercamientos con el Gobierno de Trump para proteger a nuestros compatriotas” y acusó a la administración de centrarse en intereses externos antes que en la defensa de los hondureños.
Hugo Maldonado, titular del CODEH, expresó que “la política exterior los condenó a un regreso sin futuro e incierto”, mientras que Carlos Umaña, jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), destacó que el TPS había proporcionado “una estadía estable y una nueva vida” durante más de 25 años. Umaña subrayó que, al menos, el gobierno debería garantizar asesoría gratuita para los afectados, ya que los esfuerzos diplomáticos no lograron revertir la decisión.
El fin del TPS coloca a miles de familias hondureñas en Estados Unidos en un escenario de incertidumbre, con implicaciones que van desde la economía familiar hasta la estabilidad social y política del país.