Una investigación periodística vincula la destitución de la gerente administrativa de la UNAG con sus objeciones al nombramiento del cuñado del rector al frente de un proyecto millonario. El rector rechaza esa versión y asegura que la salida respondió a una pérdida de confianza.
Tegucigalpa, Honduras. Una nueva controversia administrativa sacude a la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), luego de que una investigación de El Heraldo Plus revelara cuestionamientos por el nombramiento de un familiar del rector Roy Menjívar al frente de un proyecto que dispone de más de 407 millones de lempiras para 2026.
El caso gira alrededor del Proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social Formativo e Investigativo, conocido como Prodesofi. El pasado 23 de junio, Menjívar comunicó que Mauricio Alberto Moreno, su cuñado, asumiría la coordinación de los procesos técnicos, administrativos, financieros y operativos del proyecto.
Dos días después, la entonces gerente administrativa Iris López advirtió por escrito que el vínculo familiar podía generar un conflicto de interés y afectar principios de legalidad, imparcialidad y transparencia. La funcionaria solicitó que se seleccionara a una persona que no tuviera relación de parentesco con la máxima autoridad universitaria.
El 14 de julio, Menjívar solicitó a la Comisión de Gestión la separación de López. En la petición alegó incumplimiento de instrucciones, dificultades para trabajar en equipo y deficiencias en diferentes procesos administrativos de la institución. Posteriormente, Moreno quedó al frente de Prodesofi, cuyo presupuesto para este año asciende a L407.5 millones.
El rector negó que la destitución estuviera relacionada con las objeciones planteadas al nombramiento de su cuñado. Según su versión, López inicialmente había propuesto a Moreno para coordinar el proyecto y su separación ocurrió porque se había perdido la confianza necesaria para mantenerla en el cargo.
La investigación también identifica a otros familiares del rector que mantienen o han mantenido vínculos laborales con la UNAG, situación que vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de contratación y nombramiento dentro de la universidad.
Los señalamientos divulgados corresponden a una investigación periodística y no constituyen una determinación de responsabilidad administrativa o penal. Corresponderá a los organismos competentes establecer si las actuaciones denunciadas vulneraron alguna normativa.

