Investigan por nuevo fraude de L47 millones a uno de los protegidos de Libre, el alcalde de Choloma

Investigan por nuevo fraude de L47 millones a uno de los protegidos de Libre, el alcalde de Choloma

La alcaldía que dirige Gustavo Mejía, actual jefe municipal de Choloma, enfrenta fuertes cuestionamientos tras revelarse un nuevo caso de presunto fraude por más de 47 millones de lempiras, autorizado sin contratos ni documentación legal. La denuncia fue publicada por Diario Tiempo y acompañada de audios en los que funcionarios municipales reconocen que las obras se ejecutaron sin respaldo jurídico.

El informe señala que la administración de Mejía habría permitido la contratación de catorce empresas sin procesos de licitación ni registros formales. Entre los acreedores destacan Inversiones Cañas, Materiales de Construcción Suseth y Constructora Duarte Hernández, todas con millonarios reclamos a la comuna por proyectos presuntamente realizados entre 2024 y 2025.

Durante una reunión con regidores y directores de departamentos, el jefe de Obras Públicas, Emerson Rubio, presentó un documento con la lista de las empresas y el monto global adeudado. Sin embargo, no contenía el detalle de las obras ni los contratos que sustentaran los pagos. En los audios filtrados, un abogado municipal advierte de que venir a elaborar el contrato después no es legal”, mientras otro funcionario reprocha que “no se puede estar aquí viendo cómo robarle el dinero al pueblo”.

Gustavo Mejía, considerado uno de los alcaldes más cercanos al oficialismo, ha sido señalado en otras ocasiones por mala administración, favoritismo político y falta de transparencia. Desde su llegada al poder, tras la salida del liberal Leopoldo Crivelli, ha mantenido un fuerte respaldo dentro del Partido Libre, lo que según opositores le ha permitido operar con escasa fiscalización.

El nuevo escándalo ha reavivado los reclamos de transparencia y rendición de cuentas en la alcaldía de Choloma, una de las municipalidades más importantes del norte del país. Regidores municipales exigen una sesión de corporación para conocer el origen de la deuda sin soporte legal, mientras la población se muestra preocupada por el manejo de los fondos públicos y la aparente impunidad de uno de los protegidos de Libre.