Honduras vive la primera semana de abril con tres frentes que concentraron la atención pública: el caso Koriun desbordó los juzgados y llegó al Congreso con acusaciones cruzadas de interferencia política en la justicia; la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta lo que expertos califican como su peor crisis financiera desde su fundación en 1957; y el Colegio Médico de Honduras mantiene asambleas informativas que el gobierno califica de politizadas, mientras más de un mes de reclamos salariales siguen sin resolverse.
El juez que revocó su propia decisión en menos de 24 horas
El episodio más perturbador de la semana lo protagonizó el juez Francisco Josué Álvarez Ruiz, quien el martes ordenó la liberación del exgerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, mediante cambio de medidas cautelares, y pocas horas después revocó su propia resolución, ordenando que el imputado permaneciera en prisión preventiva, donde acumula ya 322 días de detención.
La estafa piramidal de Koriun, que prometía rendimientos del 5% semanal y operó sin licencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, afecta a más de 35,000 aportantes en al menos siete departamentos del país. El Ministerio Público confiscó en abril de 2025 bienes, vehículos y cuentas bancarias, con un hallazgo de 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas. Miles de aportantes esperaban la libertad de Velásquez como condición para que comenzara la devolución de sus inversiones, y al confirmarse que seguiría preso, se apostaron en los alrededores del centro penal de Támara en señal de protesta.
El exjuez y penalista Félix Ávila calificó lo ocurrido como un hecho sin precedentes en la justicia hondureña. Señaló que los jueces con frecuencia no toman sus decisiones de manera libre sino bajo amenazas, y advirtió que los fallos motivados por presión mediática deterioran la independencia judicial. Desde su perspectiva, cuando una parte está en desacuerdo con una resolución, el mecanismo adecuado es la presentación de recursos, no la reversión espontánea de una decisión propia.
Desde el Congreso Nacional, el presidente del legislativo, Tomás Zambrano, apuntó en la misma dirección pero cargando la responsabilidad sobre la administración anterior. Sostuvo que las resoluciones incomprensibles son el resultado de nombramientos de jueces realizados sin criterios técnicos durante el gobierno saliente, donde prevalecieron el compadrazgo y los intereses políticos por encima de la carrera judicial. Anunció que el Congreso no bajará la guardia y que impulsará reformas para que el caso no quede en impunidad. La renuncia reciente de la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, presionada por la amenaza de un juicio político en su contra, enmarca este debate dentro de un proceso más amplio de recomposición del poder judicial bajo la nueva mayoría legislativa.
La ENEE y la advertencia que nadie quiere escuchar
El frente energético generó la otra alerta grave de la semana. El exgerente de la ENEE, José Manuel Arriaga Yacamán, advirtió públicamente de que Honduras atraviesa la peor crisis financiera de la estatal desde su creación en 1957 y que el ajuste del 10% en la tarifa eléctrica aplicado recientemente no es el último: lo peor, dijo, está por venir.
El alza en los precios internacionales del búnker, que pasó de 60 a más de 90 dólares por barril, trasladará su impacto a los costos de generación con incrementos estimados de entre 5 y 6 centavos de dólar por kilovatio en plantas térmicas. Durante los meses de verano, cuando las temperaturas disparan la demanda, el país dependerá de hasta 450 megavatios de generación a base de diésel, una de las fuentes más costosas del portafolio energético disponible.
Arriaga identificó el problema de fondo: desde el año 2001, Honduras no ha realizado una licitación de gran escala para contratar energía con tecnología moderna y costos competitivos, operando en cambio de emergencia en emergencia. El exfuncionario comparó la situación con Guatemala, donde múltiples licitaciones han permitido asegurar tarifas más competitivas, evidenciando el rezago estructural del país. Como salida de corto plazo, planteó la generación solar con almacenamiento en baterías y un proceso de licitación transparente. El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) anticipó, por su parte, que la tarifa subirá nuevamente en el tercer trimestre del año.
El gremio médico en pie de lucha y el gobierno que acusa politización
Un tercer frente, menos espectacular pero con consecuencias directas para la población, es el conflicto entre el Colegio Médico de Honduras y la Secretaría de Salud (Sesal), que lleva más de una semana sin resolverse. Los médicos mantienen asambleas informativas en demanda de pagos salariales atrasados de hasta tres meses para personal bajo contratos e interinatos, firma de contratos pendientes en el sector descentralizado y fin a los despidos que el gremio califica de injustificados.
El viceministro de Salud, Eduardo Midence, respondió este miércoles que las asambleas están politizadas, denunció que algunos médicos que continúan atendiendo pacientes están siendo presionados por sus propios compañeros de gremio, y defendió las decisiones administrativas de la Secretaría como parte de un proceso de ordenamiento de contratos que carecían de respaldo financiero o estructura legal. Llamó al diálogo, pero sin anunciar concesiones concretas.
La coincidencia de los tres frentes, el colapso de confianza en la justicia ordinaria por el caso Koriun, el deterioro financiero de la ENEE y el conflicto en el sector salud, coloca al gobierno de Nasry Asfura ante una agenda de problemas heredados que requieren respuestas de fondo antes de que la acumulación de presiones se vuelva inmanejable.