La Ceiba fue durante décadas el motor industrial del litoral atlántico centroamericano. Recuperar ese lugar no es nostalgia: es una decisión de política pública que exige constancia, no solo anuncios.
La agenda de infraestructura presentada en julio por el presidente Asfura es la más ambiciosa en años para Atlántida y Colón. La rehabilitación de la CA-13, financiada con 100 millones de dólares del Banco Mundial y 80 millones del Gobierno de España, junto con la ampliación de la ruta La Barca-El Progreso-Tela y cuatro puentes adjudicados a Sermaco por 82 millones de lempiras, atacan directamente el rezago vial que durante años aisló al corredor norte. Son obras necesarias, pero la mayoría siguen en fase de estudio o licitación: el anuncio no equivale a la obra construida, y la región ya ha visto proyectos prometidos que se estancan en el papel.
La recuperación del muelle de cabotaje y la remodelación del aeropuerto Guillermo Anderson son las piezas que definen si La Ceiba vuelve a ser puerta de entrada regional. Retirar entre 10 y 12 embarcaciones hundidas y dragar 500,000 metros cúbicos de sedimento en el muelle no es un detalle técnico: es la condición mínima para que cualquier ambición logística o industrial tenga por dónde moverse. Aquí vale una precisión que el propio gobierno debe aclarar: la evaluación conjunta con la alcaldía habla de 1.3 millones de dólares, cifra que no coincide con los 300 millones de lempiras anunciados previamente en redes sociales. Esa discrepancia no es menor y merece una explicación oficial antes de que la ciudadanía celebre un monto que aún no está confirmado.
La vivienda social y los servicios básicos siguen siendo la parte más débil del paquete. De los 400 millones de dólares aprobados por la CAF, no existe todavía un desglose específico para Atlántida, y los anuncios sobre agua potable, saneamiento y energía carecen de montos y cronograma. Sin esa base social, cualquier relanzamiento industrial corre el riesgo de construir competitividad para las empresas mientras la ciudad que las rodea sigue sin resolver sus carencias más básicas.
La inversión privada puede ser parte de la solución, pero no sustituye la responsabilidad del Estado ni exime del escrutinio institucional. El interés de capital extranjero en el corredor norte, incluidos proyectos como Puerto Satuyé impulsados por Honduras Próspera Inc., es legítimo y puede complementar la obra pública si llega con reglas claras.
El esplendor de La Ceiba no se recupera con comunicados, sino con carreteras terminadas, un puerto operativo y un aeropuerto moderno entregados en los plazos anunciados. La ciudad tiene el talento, la ubicación y ahora, al menos sobre el papel, el respaldo financiero. Lo que falta es que el Gobierno cumpla su propio cronograma y que cualquier inversión privada que llegue lo haga con las cuentas y los litigios claros.