La controversia en torno al Complejo Científico Industrial de Santa Bárbara (COCINH-LAB) ha abierto un debate que trasciende un proyecto específico. En el fondo, plantea una pregunta que países como Corea del Sur y Singapur resolvieron hace décadas: ¿qué tipo de Estado necesita la ciencia de vanguardia para prosperar?
La respuesta que ambos encontraron fue contundente. La investigación biomédica de frontera no depende de la voluntad de un gobierno, sino de instituciones diseñadas para sobrevivir a los cambios políticos.
Hace apenas cuatro o cinco décadas, Corea del Sur y Singapur carecían de una industria biomédica relevante. Hoy figuran entre los principales polos mundiales de investigación, desarrollo y producción biotecnológica. El cambio no obedeció a una abundancia inicial de científicos ni a recursos extraordinarios. Fue el resultado de una decisión estratégica: construir un modelo de gobernanza capaz de ofrecer continuidad, estabilidad regulatoria y visión de largo plazo.
El caso hondureño ilustra el desafío opuesto. Honduras destina apenas el 0.006 % de su Producto Interno Bruto a investigación científica, alrededor de 22 millones de dólares al año, una de las inversiones más bajas de la región. La polémica alrededor del COCINH-LAB refleja precisamente las dificultades que enfrenta cualquier iniciativa científica cuando depende casi por completo del ciclo político.
Sin embargo, el verdadero debate no gira únicamente alrededor de un laboratorio. La pregunta de fondo es qué condiciones institucionales permiten que la investigación biomédica florezca.
Un problema de diseño institucional
La medicina de frontera (terapias génicas, biofabricación, medicina regenerativa o diagnósticos de precisión) exige dos requisitos difíciles de conciliar en los modelos tradicionales de administración pública.
El primero es continuidad. Desarrollar un ecosistema científico puede tomar entre quince y veinte años, mientras que los gobiernos cambian cada cuatro.
El segundo es agilidad regulatoria. La velocidad con la que evoluciona la ciencia supera con frecuencia la capacidad de adaptación de los marcos legales convencionales.
En muchos países en desarrollo, ambas condiciones dependen de decisiones políticas coyunturales. Un cambio de administración puede paralizar proyectos construidos durante años o modificar prioridades presupuestarias de manera abrupta.
Por ello, los países que lograron consolidar industrias biomédicas competitivas no se limitaron a fortalecer ministerios o aumentar presupuestos. Optaron por crear estructuras institucionales distintas, diseñadas específicamente para la innovación científica.
Corea del Sur: continuidad durante tres décadas
Corea del Sur construyó dos grandes polos biomédicos complementarios bajo una estrategia nacional mantenida durante más de treinta años.
El primero es Songdo Bio Cluster, ubicado dentro de la Zona Económica Libre de Incheon. Allí se concentra actualmente la mayor capacidad mundial de producción de biofármacos, cercana a los 880,000 litros anuales, con empresas como Samsung Biologics, Celltrion, Merck y GE Healthcare.
Su principal fortaleza no radica únicamente en la infraestructura, sino en disponer de un régimen regulatorio y fiscal diferenciado, diseñado específicamente para atraer inversión biotecnológica.
El segundo es Osong Bio-Health Science Complex, concebido para resolver otro cuello de botella habitual: la lentitud regulatoria.
El gobierno surcoreano trasladó allí seis agencias nacionales relacionadas con la salud, incluyendo la Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos. De esta manera, investigadores, fabricantes y reguladores trabajan prácticamente en el mismo ecosistema institucional, reduciendo significativamente los tiempos de autorización.
En 2025, Corea del Sur aprobó una nueva expansión del complejo con un objetivo explícito: construir el equivalente asiático de Kendall Square, considerado el principal clúster biotecnológico del mundo.
Más allá de la infraestructura, la verdadera ventaja competitiva fue la continuidad. Tres décadas de políticas públicas sostenidas por gobiernos de distintas orientaciones políticas permitieron consolidar un ecosistema imposible de construir en un solo período presidencial.
Singapur: cuando la ciencia se convierte en política de Estado
Singapur fue aún más lejos.
En el año 2000 decidió convertir la biomedicina en uno de los cuatro pilares estratégicos de su economía nacional, junto con la electrónica, la ingeniería y la industria química.
La investigación dejó de ser una responsabilidad sectorial para convertirse en una prioridad coordinada desde la más alta instancia del Ejecutivo, mediante un consejo nacional de investigación e innovación presidido por el propio primer ministro.
Ese modelo eliminó gran parte de la fragmentación institucional que suele separar las políticas científicas de las políticas económicas.
Dos décadas después, el resultado es Biopolis, un complejo con más de 380,000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a investigación biomédica, que ya en 2010 reunía más de 4,300 investigadores internacionales y había atraído inversiones multimillonarias de compañías como GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories y Eli Lilly.
La industria biomédica pasó a representar aproximadamente el 2.5 % del PIB de Singapur, una cifra impensable para un país que medio siglo antes prácticamente no contaba con capacidades científicas propias.
El patrón que comparten los casos de éxito
La experiencia internacional muestra un elemento común: ningún ecosistema biomédico de clase mundial surgió como resultado de una decisión aislada de un gobierno.
Corea del Sur y Singapur construyeron instituciones capaces de proteger la investigación del calendario electoral.
Los elementos se repiten con notable consistencia:
- continuidad institucional que trasciende los cambios de gobierno;
- marcos regulatorios especializados, adaptados a la velocidad de la innovación científica;
- tratamiento de la ciencia como una política permanente de Estado y no como un programa sujeto a las prioridades presupuestarias de cada administración.
Estos factores no dependen del tamaño de la economía ni del nivel inicial de desarrollo. Dependen de una decisión de arquitectura institucional.
La decisión pendiente para Honduras
La discusión alrededor del COCINH-LAB deja una enseñanza que va más allá de un proyecto específico.
El obstáculo principal para Honduras no parece ser la ausencia de talento científico, ni siquiera la falta absoluta de recursos. El desafío radica en construir un modelo institucional que permita a la ciencia desarrollarse con estabilidad durante décadas.
Corea del Sur y Singapur no esperaron a convertirse en potencias científicas para diseñar esas instituciones. Precisamente las construyeron antes, como condición para alcanzar ese objetivo.
La pregunta que Honduras debe responder no es si cuenta con investigadores capaces de competir en la biomedicina de frontera.
La verdadera pregunta es si está dispuesta a crear una gobernanza que les permita investigar, innovar y permanecer en el país más allá del próximo cambio de gobierno.