La diputada oficialista Isis Cuéllar sigue operando con total libertad en el Congreso Nacional pese a su implicación en el escándalo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Suspendida de sus cargos dentro del Partido Libre, Cuéllar no enfrenta consecuencias reales mientras continúa promoviendo obras y donaciones en su departamento de Copán, como si nada hubiera pasado.
La exrectora Julieta Castellanos denunció públicamente, en declaraciones a Radio Cadena Voces, que el Gobierno tiene una política clara de proteger a sus miembros en actos de corrupción, mientras persigue a quienes no forman parte de su círculo político. Castellanos citó el caso del llamado “chequevideo”, donde ni Isis Cuéllar ni el exministro José Cardona enfrentan sanciones, pero sí se ha actuado contra opositores y ciudadanos ajenos al partido oficialista.
El escándalo de Cuéllar estalló con la filtración de conversaciones sobre el uso indebido de fondos públicos para actividades políticas. Su inmunidad legislativa y la protección de las autoridades le han permitido continuar en funciones sin interrupción, evidenciando una impunidad flagrante que golpea la confianza ciudadana.
Este caso es un ejemplo de cómo el encubrimiento desde el Estado erosiona las instituciones y perpetúa la corrupción. Mientras no se tomen medidas reales, Honduras seguirá pagando el precio de la complacencia política y la impunidad estructural.