Fausto Cálix, director de la Administración Aduanera y portavoz habitual del partido Libertad y Refundación (Libre), vuelve a estar bajo el escrutinio público. Un video difundido en redes sociales lo muestra utilizando una camioneta Toyota Prado de lujo, acompañado de su esposa e hijo, en un vehículo valorado en más de cien mil dólares.
Las imágenes hablan por sí solas: Cálix sale de un edificio oficial, un empleado le abre la puerta del carro y su familia aborda el vehículo con total naturalidad. La escena ha desatado la indignación de hondureños y hondureñas que ven en ello un nuevo ejemplo del doble discurso gubernamental.
El contraste no podría ser mayor. Hace apenas un año, en declaraciones a Cluster Media, Cálix aseguraba que “no tiene carro” y que no lo necesita. Tenía razón en algo: no le hace falta. Cuando se dispone de un carro público para uso personal, el lujo deja de ser problema.
A las críticas se suma el recuerdo de las palabras de Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de Libre, quien advertía que “ningún funcionario público puede permitirse pagar de su bolsillo un vehículo de ese tipo”. Sin embargo, parece que dentro del ‘Familión’, las reglas de la austeridad son tan flexibles como las puertas de las Prado que prometieron vender.
El caso deja a Cálix en evidencia. El defensor de la transparencia y la moral pública aparece ahora disfrutando de los privilegios que decía combatir. Las redes sociales no perdonan: el funcionario está recibiendo la misma dosis de exposición y crítica que tantas veces administró a sus adversarios políticos.
Mientras el video continúa circulando, el silencio de Cálix se vuelve más elocuente que cualquier declaración. En tiempos de promesas incumplidas, la austeridad parece haberse quedado sin gasolina.