Lo que comenzó como una ola de invasiones en zonas agrícolas a inicios del gobierno de Xiomara Castro se ha transformado en una crisis nacional que hoy alcanza las costas del Caribe hondureño. La toma de propiedades privadas —algunas productivas, otras turísticas— ha escalado al punto de golpear incluso a miembros del propio gabinete, como la ministra de Turismo, Yadira Gómez, cuya propiedad en la zona de Triunfo de la Cruz fue invadida recientemente.
Este hecho, más allá de lo simbólico, refleja el deterioro de la seguridad jurídica en el país y la pasividad preocupante de las autoridades encargadas de protegerla.
Durante tres años, las denuncias por invasiones se multiplicaron sin una respuesta efectiva. Lo que en su momento se presentó como una reivindicación de tierras agrícolas derivó en la ocupación violenta de terrenos con alta vocación turística y valor estratégico para la inversión nacional y extranjera. Las escenas recientes en Tela y Trujillo —con viviendas saqueadas y propiedades privadas tomadas por la fuerza— muestran que el Estado ha perdido el control sobre un fenómeno que combina intereses políticos, conflictos étnicos y criminalidad organizada.
Comunidades garífunas
La situación es particularmente delicada en comunidades garífunas, donde persisten reclamos históricos por tierras ancestrales reconocidas incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, la falta de acción estatal para cumplir esas sentencias y garantizar seguridad tanto a las comunidades como a los propietarios legales ha generado un ambiente explosivo: unos se sienten despojados, otros abandonados, y todos desprotegidos.
La invasión de la propiedad de la ministra Gómez desnuda además la paradoja de un gobierno que, mientras promueve a Honduras como destino turístico internacional, no logra ofrecer certeza ni a sus propios funcionarios.
El impacto de estas invasiones va mucho más allá del ámbito legal. Cada toma ilegal destruye empleo, desalienta la inversión, espanta el turismo y proyecta al país como un territorio donde la ley se aplica según conveniencia.
La seguridad jurídica, pilar de cualquier economía estable, se resquebraja con cada acto de omisión del Estado.
El gobierno tiene la obligación ineludible de actuar. No se trata de criminalizar las demandas sociales legítimas ni de desconocer los derechos históricos de comunidades indígenas o afrodescendientes. Pero tampoco puede permitirse que el desorden, la impunidad o el oportunismo sustituyan al Estado de derecho. Cumplir con las sentencias internacionales, regularizar la tenencia de tierras y garantizar la propiedad privada son pasos inseparables de la misma agenda de justicia.
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