El Congreso Nacional de Honduras vivió un fuerte debate en torno al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permitiría a niñas, niños y adolescentes presentar denuncias directas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.
Desde el oficialismo de Libre se defendió la ratificación como un paso necesario para ampliar la protección de la niñez, especialmente en casos de abusos o negligencia en los que el Estado no brinde respuestas. La Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia había socializado previamente el protocolo como parte de un proceso de análisis.
Sin embargo, la oposición y organizaciones como el Movimiento ‘Por Nuestros Hijos’ expresaron un rechazo contundente. En un comunicado divulgado el 21 de agosto, el movimiento advirtió que adherirse al protocolo significaría ceder soberanía a un comité extranjero integrado por expertos que no responden a la realidad hondureña. Señalaron que la mayoría de los países del mundo tampoco lo ha ratificado y que el intento de aprobarlo de madrugada, según ellos, careció de transparencia.
El texto también denuncia que el mecanismo abre la puerta a “agendas globalistas” que chocan con los valores y tradiciones del país, y exige que cualquier decisión relacionada con la niñez sea previamente socializada con los padres de familia, en defensa de la patria potestad.
El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que este protocolo representa “una amenaza directa a la familia hondureña, porque pone en manos de burócratas extranjeros decisiones que corresponden a los padres”. Según Zambrano, ratificarlo sería “entregar la soberanía de nuestros hijos a ideologías ajenas a nuestra cultura y a nuestra Constitución”.
Otros diputados opositores coincidieron en que aceptar el protocolo es un error que podría tener consecuencias graves para la patria potestad. En contraste, los defensores de la iniciativa subrayan que se trata de una herramienta opcional que busca garantizar el interés superior del niño y solo entra en juego cuando los recursos internos han sido agotados.
De los 198 Estados miembros de la ONU, 68 han ratificado el protocolo, mientras que 130 aún no lo han hecho. En Honduras, la votación quedó frenada tras la oposición de varias bancadas y el rechazo de sectores sociales que piden mantener el debate abierto.
El tema continúa en discusión y ha puesto sobre la mesa un dilema central: ¿debe la niñez hondureña contar con mecanismos internacionales adicionales de protección o se trata de una cesión de soberanía incompatible con la Constitución y los valores del país? En opinión de FNN, es una pérdida de soberanía en un tema crucial: nuestros hijos.
