Poder Popular – Para que no te quedes sin respuesta
“Defensa de la soberanía” como si arrodillarse ante Caracas, Pekín y Moscú fuera proteger la patria. Soberanía es decidir nosotros, no seguir libretos ajenos.
Proclaman su “solidaridad con Nicolás Maduro” como un acto de hermandad latinoamericana, pero lo que hay detrás es complicidad con un régimen que ha llenado de hambre y miedo a su pueblo.
Glorifican a los colectivos como fuerza ciudadana, cuando en realidad son fuerzas de choque que ya han irrumpido en el Congreso y el CNE para callar debates y amedrentar a quienes piensan distinto.
Atacan a la “oligarquía mediática” acusándola de mentir, pero la historia enseña que ese es el primer paso para imponer un silencio obligatorio y convertir la información en propaganda.
Venden bonos y becas como justicia social, cuando todos sabemos que, en las manos de Libre, se reparten con sesgo político, premiando a los afines y castigando a los críticos. Eso no es justicia: es chantaje con recursos públicos.
Se ufanan de su “inspiración bolivariana”, pero callan que ese modelo solo ha exportado pobreza, represión y un éxodo de millones. No hay inspiración posible en una receta de ruina.
Convocan marchas para “defender el proceso”, aunque el verdadero proceso democrático no se defiende con intimidación callejera, sino con urnas libres y árbitros imparciales.
Se burlan de la Iglesia, acusándola de frenar el cambio, ignorando que Honduras es un país de fe y que la religión forma parte de la identidad de la nación. Atacar a la fe es atacar al pueblo.
Aplauden las reformas electorales, como si manipular el CNE fuera modernizar la democracia. El que controla al árbitro no compite: impone.
Elogian al Congreso presidido por Luis Redondo, que más que un poder independiente parece la oficina de recados del Ejecutivo, dispuesto a seguir la agenda del partido sin chistar.
Presumen de alianzas con China, Rusia e Irán, como si fueran socios ejemplares. Lo que se importan de esos países no son oportunidades, sino cadenas políticas.
Justifican procesos contra líderes opositores, llamándolo defensa del Estado. En realidad, defender al Estado significa garantizar que cualquiera pueda competir en igualdad, no sacar rivales del camino a punta de expedientes.