El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que la Tasa de Seguridad Poblacional, creada con el fin de fortalecer la lucha contra el crimen, se mantiene como una verdadera “caja negra” del Estado debido a la falta de transparencia en el manejo de sus millonarios fondos.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, señaló que estos recursos continúan bajo un régimen de secretividad amparado en fideicomisos y en la Ley de Secretos Oficiales, lo que impide conocer su destino real. La funcionaria calificó el mecanismo como la “tasa negra del poder”, exigiendo reformas legales y una auditoría independiente que garantice la rendición de cuentas.
Recaudación sin control
El organismo detalló que, entre 2022 y 2025, la Tasa de Seguridad recaudó más de 16 mil millones de lempiras, superando los ingresos obtenidos en períodos anteriores. Sin embargo, apenas una fracción de ese dinero fue transferida a la Cuenta Única del Tesoro, mientras que miles de millones permanecen sin una explicación clara. A esto se suman deudas acumuladas con bancos y proveedores, lo que revela un manejo financiero poco transparente.
Derroche en gobiernos pasados
El CNA recordó además que, en administraciones anteriores, se documentó un despilfarro millonario de los fondos de la Tasa de Seguridad en lujos y gastos ajenos a su propósito original, incluyendo vuelos chárter, vehículos blindados, conciertos y hasta artículos de entretenimiento. Estos hallazgos derivaron en denuncias contra exfuncionarios que integraron el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y el Comité Técnico del fideicomiso.
Llamado urgente
Ante este panorama, el CNA demandó al Congreso Nacional la reforma inmediata de la Ley de Secretos Oficiales y la apertura de los registros financieros de la Tasa de Seguridad, con el fin de garantizar que los recursos sean utilizados para fortalecer la seguridad ciudadana y no como un instrumento de poder político y corrupción.

