El pronunciamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se unió al creciente coro de voces que cuestionan la legalidad y legitimidad de la Comisión Permanente instalada por Luis Redondo la noche del 31 de octubre. En su comunicado, la universidad advirtió de que esta figura “no representa al pueblo ni puede sustituir al pleno del Congreso Nacional”, y alertó sobre los riesgos de que asuma funciones políticas que la Constitución no le otorga.
Sin embargo, la advertencia universitaria no llegó sola. Desde diversos sectores políticos, académicos y sociales, el rechazo a la decisión de Redondo se ha intensificado. El Partido Nacional calificó la maniobra como un “asalto al orden legislativo” y denunció que la instalación nocturna de la comisión refleja “el deseo del oficialismo de controlar todos los poderes del Estado”. Su jefe de bancada, Tomás Zambrano, expresó que “el Familión ya renunció a las elecciones” y que la medida “abre las puertas a un fraude institucional desde el Congreso”.
Por su parte, Nasry ‘Tito’ Asfura elevó el tono del debate al afirmar que “están apuntando con una pistola cargada a la democracia”. El candidato del Partido Nacional a la presidencia de la república advirtió que si “le jalan el gatillo, el pueblo enardecido va a responder”, en referencia a lo que considera un intento del oficialismo de desmantelar las instituciones democráticas. Asfura pidió sensatez y respeto a la Constitución, afirmando que el país no puede permitirse “una confrontación que destruya la paz social en vísperas de las elecciones”.
El Partido Liberal también cuestionó la actuación de Redondo, señalando que rompe con el principio de separación de poderes y socava la confianza en las reglas democráticas. El presidente liberal Roberto Contreras sostuvo que el oficialismo “pretende perpetuarse utilizando mecanismos paralelos al pleno legislativo”, mientras juristas recordaron que la publicación del decreto en La Gaceta “no legitima un acto carente de sustento constitucional”.
Especialistas en derecho constitucional advirtieron de que los artículos 189 y 190 de la Constitución limitan la actuación de la Comisión Permanente a los períodos de receso del Congreso, lo que no aplicaba al momento de su instalación. Por ello, su constitución podría interpretarse como una extralimitación de funciones.
A menos de un mes de las elecciones generales de 2025, las críticas coinciden en que esta decisión agrava la crisis de confianza institucional. La advertencia de la UNAH resume el sentimiento general: ninguna comisión puede usurpar la soberanía del Congreso ni manipular la legalidad en tiempos electorales.