El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo público un informe que, con nombre y apellido, reconstruye lo que hasta ahora circulaba solo como sospecha: que las elecciones generales de 2025 estuvieron a punto de ser secuestradas desde adentro del propio Estado. El documento, titulado «La Verdad Histórica del Proceso Electoral 2025: la lucha del CNE en defensa de la voluntad popular y la democracia», es la versión más detallada hasta la fecha de cómo un entramado de funcionarios intentó impedir la declaratoria y la alternancia en el poder.
Un plan, no una serie de accidentes
El informe es categórico desde sus primeras páginas: lo ocurrido no fue improvisación, sino una secuencia coordinada de acciones ejecutadas desde distintas instituciones con una sola finalidad, la permanencia en el poder. Para sustentarlo, el CNE no se queda en la denuncia genérica: cita actas, certificaciones, oficios y fechas exactas, y recuerda que la propia Misión de Observación Electoral de la Unión Europea advirtió sobre un ambiente de «disputas políticas que afectaron al funcionamiento tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral», con injerencias que socavaron la autonomía de ambos órganos.
El consejero que bloqueó al Consejo desde dentro
El informe reconstruye con detalle cómo el entonces consejero Marlon Ochoa se negó, desde julio de 2025, a sesionar con el Pleno para forzar que el flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se diseñara según el criterio de su partido. Esa negativa, documentada en oficios y actas, dejó al CNE sin quórum durante semanas, obligó al Congreso Nacional a modificar por decreto los plazos legales de adjudicación, y retrasó en cadena casi 30 procesos de contratación tecnológica que dependían del contrato principal del TREP.
El documento también recoge cómo, el 7 de julio, miembros de Libertad y Refundación (LIBRE) bloquearon físicamente los accesos al CNE para impedir la recepción de ofertas del proceso de contratación, y cómo, en lugar de investigarse esa obstrucción, fue el Ministerio Público el que abrió causa contra las propias consejeras del CNE. Ese expediente, según narra el informe, permaneció abierto durante meses como mecanismo de presión, hasta que se cerró en enero de 2026 con un razonamiento que el propio CNE califica de contradictorio.
Las Fuerzas Armadas y el mando que se negaron a obedecer
Uno de los capítulos más graves del informe describe cómo el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto desconoció el mandato constitucional que pone a las Fuerzas Armadas a disposición del CNE durante el proceso electoral. El documento señala que altos mandos militares llegaron a solicitar acceso no autorizado a las actas del nivel presidencial para realizar un conteo paralelo, y que la falta de coordinación militar durante las elecciones primarias de marzo de 2025 dejó decenas de Juntas Receptoras de Votos sin material electoral a tiempo, generando un ambiente de caos que el CNE tuvo que resolver con equipos de contingencia propios.
Escrutinios especiales boicoteados y actas puestas en cero
El informe documenta con cifras la diferencia entre lo ocurrido en las primarias, donde se completaron más de 28,800 escrutinios en 17 días, y las generales, donde apenas se lograron procesar 2,786 de 7,542 escrutinios aprobados en 10 días, en medio de bloqueos, agresiones documentadas por videovigilancia contra miembros de mesa del Partido Nacional, y la práctica, calificada en el informe como sin sustento legal, de poner en cero 178 actas del nivel presidencial.
La batalla por la declaratoria
El punto más crítico llegó cuando, según el informe, se intentó invocar el artículo 242 constitucional para dejar sin declaratoria presidencial al país antes del 27 de enero, lo que habría activado un gobierno provisional del Consejo de Secretarios de Estado. El CNE relata que sostuvo la declaratoria como un acto declarativo, no discrecional, integrando al Pleno con un consejero suplente ante la negativa del entonces consejero Ochoa a firmar, y que posteriormente la Comisión Permanente del Congreso, sin el quórum constitucional exigido para materia electoral, intentó por decreto ordenar un recuento voto por voto y desconocer una declaratoria ya emitida.
Desinformación y violencia digital contra las consejeras
El informe cierra con un capítulo dedicado a la campaña de desprestigio sostenida contra las autoridades electorales. Cita datos del sistema eMonitor+ del PNUD: de 6,042 publicaciones analizadas entre septiembre de 2025 y enero de 2026, 1,508 fueron ataques directos al CNE y 1,144 contenían violencia de género, con las dos consejeras concentrando más de la mitad de esas agresiones. El propio informe de la MOE UE confirma que ambas denunciaron formalmente amenazas de muerte contra ellas y sus familias, sin que las autoridades estatales tomaran medidas.
Lo que queda planteado
El CNE es cuidadoso en aclarar que no le corresponde imputar responsabilidad penal, y deja esa tarea a los entes investigativos correspondientes. Pero el informe sí traza, con base documental, el patrón de lo sucedido: instituciones que debían ser garantes del proceso (el propio Consejo desde uno de sus miembros, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Comisión Permanente del Congreso) actuando de forma coordinada para intentar frenar la voluntad expresada en las urnas el 30 de noviembre de 2025.
La democracia hondureña resistió. Pero, como advierte el propio informe, la etapa poselectoral sigue siendo terreno fértil para la desinformación que busca reescribir lo que ya quedó documentado. Este informe es, precisamente, el intento de que esa verdad no se disuelva en el ruido.